Orden de Moncloa a los delegados del Gobierno de dar alas a la violencia contra PP y Vox para calentar la calle

La campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre ni siquiera ha comenzado oficialmente y la tensión política ya se ha trasladado a la calle. Isabel Díaz Ayuso se quedó atrapada en la Consejería de Educación con un escrache de la huelga de profesores, el presidente argentino, Javier Milei, ha sido recibido con una cacerolada en una universidad pública, y un acto de Santiago Abascal en La Coruña ha acabado entre piedras, gases y detenidos. Tres episodios distintos que han reabierto el debate sobre la actuación de las delegaciones del Gobierno y su responsabilidad en la prevención de altercados, y sobre todo, que detrás de esto hay una estrategia premeditada de Moncloa y el PSOE de permitir este tipo de actos violentos contra la derecha para calentar la calle y vender que PP y Vox generan rechazo.

A estos incidentes se suman las acampadas de la ultraizquierda con la excusa de la vivienda instaladas en distintas capitales, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. El denominador común que denuncian dirigentes de la oposición y los sindicatos policiales es la aparente permisividad con determinadas movilizaciones cuando sus objetivos son representantes del PP y de Vox. Las críticas apuntan directamente a los delegados del Gobierno, responsables de coordinar la actuación gubernamental en sus territorios y con competencias relevantes en materia de seguridad ciudadana, que no actúan con las acampadas o que incluso autorizan concentraciones de ultraizquierda que coinciden con actos del PP y Vox y acaban en violencia.

Los sindicatos policiales comio Jupol dieron un paso más al denunciar que el Gobierno de Pedro Sánchez estaría contribuyendo a elevar la tensión en la calle mediante una política de apoyo encubierto a los manifestantes de ultraizquierda. Se trata de una acusación política y sindical que sitúa el foco en la actuación de los delegados del Gobierno y una orden de Moncloa para favorecer la violencia contra la oposición. Ayuso planteó públicamente una pregunta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín: ¿por qué se había permitido a los docentes abandonar el lugar comunicado para su protesta y dirigirse al acto?

Uno de los principales focos de la polémica está en Galicia, donde el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, quedó en el centro de las críticas tras los incidentes registrados durante un acto político de Santiago Abascal en La Coruña. Jupol ha exigido su dimisión al considerar que se permitió una protesta cuyo objetivo era impedir el desarrollo del acto y que terminó poniendo en peligro la seguridad. La organización denunció la autorización de "una manifestación de radicales con el objetivo de reventar un acto político, poniendo en grave riesgo el orden público y la seguridad ciudadana".

La discusión se extiende también a Valencia. Pilar Bernabé, que hasta este martes ocupaba la Delegación del Gobierno y ahora es la candidata al Congreso del PSOE por Valencia, mantiene una acampada por el derecho a la vivienda en la plaza del Ayuntamiento pese a las advertencias del consistorio sobre los problemas de seguridad que podía ocasionar la instalación y no cumplir con su obligación de impedirla. Los episodios que afectan a Ayuso, Milei y Abascal han intensificado la preocupación por el clima político a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La sucesión de incidentes ha reforzado las acusaciones de quienes consideran que determinados sectores están intentando trasladar la confrontación partidista a la calle.