Anticorrupción blinda el móvil del exjefe de gabinete de Sánchez por la presunta trama de las cloacas de Leire

El teléfono móvil de Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, se ha convertido en una de las piezas relevantes de la investigación judicial sobre las presuntas maniobras para interferir en causas relacionadas con el Partido Socialista. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a devolver el dispositivo a su propietario al considerar que podría contener información esencial para esclarecer los hechos investigados.

El Ministerio Público entiende que existen indicios suficientes para mantener el terminal bajo custodia judicial, especialmente por su posible relación con delitos de tráfico de influencias cometidos, presuntamente, en el seno de una organización criminal.

La posición de Anticorrupción llega después de que la defensa de Serrano recurriera la decisión del juez que, el pasado septiembre, rechazó devolverle el teléfono. Ahora, la Fiscalía respalda aquella resolución y sostiene que el dispositivo podría conservar pruebas materiales relacionadas con los supuestos delitos que se investigan.

Según un escrito adelantado por La Razón y al que ha tenido acceso EFE, los fiscales consideran que el móvil representa una fuente original de información que guarda relación objetiva con las diligencias abiertas. Por este motivo, defienden que permanezca a disposición del juzgado para permitir nuevas comprobaciones o análisis si fueran necesarios.

Uno de los argumentos utilizados por la defensa es que los investigadores ya realizaron una copia forense del contenido del teléfono. Sin embargo, Anticorrupción rechaza que ese volcado sea motivo suficiente para entregar el aparato. La Fiscalía considera que conservar el terminal original sigue siendo necesario para garantizar que las partes personadas puedan examinarlo y solicitar posibles actuaciones adicionales.

La situación judicial del antiguo colaborador de Sánchez se remonta al pasado 10 de julio, cuando fue imputado tras un informe policial que apuntaba a su presunta participación en dos líneas de investigación del denominado caso Leire Díez.

La primera está relacionada con los supuestos intentos de obstaculizar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE, mediante actuaciones que habrían buscado proteger al partido de procedimientos comprometedores. La segunda aborda una presunta trama de comisiones irregulares vinculadas a contratos públicos, una vertiente que la defensa de Serrano identifica como la «rama SEPI».

El procedimiento judicial no se limita al antiguo jefe de gabinete del presidente del Gobierno. Entre las personas investigadas también aparecen los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, la exmilitante socialista Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

La intervención del teléfono se ha convertido en uno de los principales frentes de la defensa de Serrano. Sus abogados han cuestionado las condiciones en las que se realizó el primer análisis del dispositivo, alegando que el volcado inicial se efectuó sin la presencia de su letrado. También han solicitado que se declare nula tanto la incautación del aparato como la copia de su contenido.

No obstante, la Fiscalía considera que la posible utilidad probatoria del terminal justifica mantenerlo a disposición de la Justicia. Anticorrupción sostiene que mientras persista la posibilidad de encontrar elementos relacionados con los hechos investigados, existen razones legales para conservar el dispositivo.

De esta manera, el teléfono del que fuera uno de los colaboradores más cercanos a Pedro Sánchez durante su etapa al frente del PSOE continúa en manos de la Justicia, a la espera de que se resuelva el recurso de Serrano y de las nuevas diligencias que puedan practicarse en la investigación