Ketty Garat tiene un mensaje letal para Óscar López: puede acabar imputado por el bulo de la bomba lapa a Sánchez

Óscar López se enfrenta a un nuevo frente judicial por sus declaraciones sobre Juan Vicente Bonilla, el excapitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que vinculó públicamente con un supuesto plan para atentar contra Pedro Sánchez con una bomba lapa o mediante un sicario. Según la información publicada por Ketty Garat en ABC, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid considera que la demanda presentada contra el ministro debe ser examinada por la Justicia ordinaria y no por el Tribunal Supremo.

La posición de la Fiscalía supone un revés para la pretensión de que el procedimiento se tramite directamente ante el Supremo por la condición de aforado de Óscar López. Ketty Garat apunta que la fiscal María Ángeles León Palomares respalda los argumentos de Juan Vicente Bonilla y sostiene que las manifestaciones cuestionadas se produjeron en la red social X y en actos de partido, no en el ejercicio de las funciones propias del cargo ministerial. El excapitán de la UCO reclama 350.000 euros por una presunta vulneración de su derecho al honor. La demanda se centra tanto en las acusaciones que difundió López como en su negativa posterior a rectificar, pese a que se publicaron las conversaciones completas que, según las verificaciones realizadas, cambiaban el sentido de los mensajes difundidos inicialmente.

Según la información de Ketty Garat, la fiscal considera que no resulta razonable alterar las reglas ordinarias de competencia judicial por el mero hecho de que las declaraciones procedan de una persona aforada. En su escrito, defiende que el juzgado de primera instancia número 74 de Madrid puede conocer de la demanda civil presentada por Juan Vicente Bonilla. El argumento es relevante porque el procedimiento no cuestiona decisiones adoptadas por Óscar López en el ejercicio formal de sus responsabilidades como ministro, sino declaraciones públicas realizadas en redes sociales y en actos políticos. La Fiscalía entiende que, en esas circunstancias, la condición de aforado no determina automáticamente que el caso deba tramitarse ante el Supremo.

La controversia se remonta a la publicación de una información de El Plural sobre una conversación entre Juan Vicente Bonilla y un confidente. El contenido difundido sugería que el entonces excapitán de la UCO fantaseaba con utilizar una bomba lapa o contratar a un sicario venezolano para acabar con Sánchez. Sin embargo, la publicación de la conversación completa mostró que el sentido de los mensajes era distinto: Bonilla hablaba de la posibilidad de que alguien atentara contra él, no de un plan suyo para asesinar al presidente del Gobierno. RTVE y otros medios rectificaron sus informaciones después de examinar los mensajes completos. Óscar López, sabiendo que era falso, amplificó las acusaciones en redes sociales y en actos del PSOE. El ministro exigió a Isabel Díaz Ayuso que destituyera a Bonilla, que entonces ocupaba un cargo relacionado con la seguridad en el Servicio Madrileño de Salud.

Uno de los elementos centrales del procedimiento que señala Ketty Garat es la negativa del ministro a rectificar. En una entrevista en Onda Cero, Óscar López rechazó hacerlo y defendió que los mensajes contenían expresiones que, a su juicio, justificaban exigir el cese de Bonilla. El excapitán de la UCO considera que esa insistencia agravó el daño a su honor, al mantener públicamente la asociación entre su persona y un supuesto plan criminal contra Pedro Sánchez. La reclamación de 350.000 euros pretende que la Justicia determine si las declaraciones del ministro sobrepasaron los límites de la libertad de expresión y vulneraron los derechos del excapitán. En paralelo, Bonilla presentó otra demanda contra El Plural y su director, en la que reclama 390.000 euros por la presunta vulneración de su derecho al honor. Son procedimientos distintos y sus resultados dependerán de las pruebas y de las decisiones judiciales correspondientes.