El Gobierno concede decenas de nacionalidades españolas por un procedimiento excepcional

El Gobierno de Pedro Sánchez ha recurrido a un procedimiento extraordinario para conceder de golpe 46 nacionalidades españolas por carta de naturaleza, una fórmula que permite al Consejo de Ministros decidir discrecionalmente quién puede adquirir la ciudadanía española cuando concurren circunstancias excepcionales. Lo llamativo de las concesiones, publicadas este viernes 23 de octubre, es que los decretos no explican de manera individualizada cuáles son esas circunstancias ni qué motivos concretos han llevado al Ejecutivo a aprobar cada expediente.

Las decisiones fueron deliberadas en el Consejo de Ministros del pasado martes, a propuesta del departamento que dirige Félix Bolaños, y formalizadas mediante reales decretos firmados el 21 de octubre. En todos ellos se invoca la existencia de circunstancias excepcionales, pero sin desarrollar públicamente los argumentos que justifican su aplicación a cada beneficiario.

La carta de naturaleza no es un procedimiento ordinario. Está contemplada en el artículo 21 del Código Civil y permite al Gobierno conceder la nacionalidad mediante real decreto cuando considera que existen motivos excepcionales. A diferencia de la adquisición por residencia, no exige acreditar los plazos generales de permanencia legal en España, que pueden alcanzar los diez años, aunque en determinados supuestos son inferiores.

Esta particularidad sitúa el foco en la discrecionalidad del Ejecutivo. Mientras quienes solicitan la nacionalidad por residencia deben acreditar una serie de requisitos y someterse a un procedimiento administrativo reglado, la carta de naturaleza permite valorar circunstancias especiales sin que exista un derecho automático a obtenerla.

La legislación contempla expresamente esta posibilidad, pero los decretos publicados no permiten saber qué criterios concretos ha aplicado el Gobierno en cada uno de los 46 casos.

La ausencia de esa información en los textos oficiales adquiere especial relevancia al examinar quiénes aparecen entre los beneficiarios. Una parte importante de los nombres corresponde a personas vinculadas a Nicaragua, algunas de ellas conocidas por su oposición al régimen de Daniel Ortega o por haber sufrido encarcelamientos y expulsiones del país.

Entre ellas figura Medardo Mairena Sequeira, dirigente campesino y antiguo aspirante presidencial nicaragüense, encarcelado y posteriormente desterrado. También aparece Quinto Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, perteneciente a una familia históricamente vinculada a la oposición política nicaragüense.

El listado incluye igualmente a Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero, activista del Movimiento 19 de Abril; María del Socorro Oviedo Delgado, abogada defensora de derechos humanos; y Norlan Josué Cárdenas Ortiz, expreso político cuyo caso fue objeto de actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También se encuentran Fanor Alejandro Ramos, antiguo policía que denunció represalias tras negarse a participar en la represión de 2018; Wilbert Alberto Pérez, incluido entre los presos políticos expulsados de Nicaragua en 2023; y Adela Elizabeth Espinoza Tercero, antigua dirigente estudiantil detenida por las autoridades nicaragüenses.

En el ámbito religioso aparecen Walner Omier Blandón Ochoa y César Facundo Burgalín Miranda, vinculados a la organización evangélica Puerta de la Montaña y encarcelados por las autoridades del país centroamericano.

Otro elemento que diferencia este procedimiento es su carácter graciable. El propio Ministerio de Justicia explica que la carta de naturaleza no está sometida a las normas generales del procedimiento administrativo y que su concesión depende de la valoración discrecional del Gobierno. Esta excepcionalidad convierte la transparencia sobre los criterios utilizados en una cuestión relevante para conocer cómo se ejerce esa facultad.