Garzón lleva al Supremo la suspensión del voto a nacionalizados por la Ley de Nietos y exige anularla de urgencia

El despacho de abogados ILOCAD, dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, ha llevado de nuevo al Tribunal Supremo la polémica por la suspensión cautelar del derecho al voto de determinados españoles nacionalizados al amparo de la conocida como Ley de Nietos. La firma ha presentado un incidente excepcional de nulidad de actuaciones al considerar que la decisión judicial incurre en una «arbitrariedad» y vulnera derechos fundamentales de los afectados.

La iniciativa llega después de que el Tribunal Constitucional decidiera no admitir a trámite el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión acordada por el alto tribunal. ILOCAD, que representa gratuitamente a tres ciudadanos afectados, pretende ahora que el Supremo revise las medidas cautelares y reconozca la gravedad de sus consecuencias.

En un comunicado, el despacho reclama una respuesta «urgente» ante una situación que, a su juicio, no solo perjudica a sus representados, sino que podría extenderse a miles de personas que se encuentran en circunstancias similares.

Uno de los principales argumentos del incidente de nulidad es la presunta vulneración del derecho fundamental de participación política, en concreto, del derecho de sufragio activo. ILOCAD sostiene que la suspensión del voto constituye una medida incompatible con el marco constitucional vigente.

La firma recuerda que, desde 1995, la privación del derecho de sufragio quedó excluida como consecuencia automática y generalizada, y defiende que una restricción de esta naturaleza no puede aplicarse de forma masiva sin una justificación individualizada.

Sobre esta base, los abogados de Garzón solicitan al Supremo que examine la legalidad de las medidas cautelares y determine si se ha producido una lesión de los derechos de los ciudadanos a los que representan.

La desigualdad entre los españoles

El escrito también denuncia una posible vulneración del principio de igualdad ante la ley y del derecho a no sufrir discriminación. Según ILOCAD, la suspensión afecta a españoles nacionalizados por su vinculación con el exilio derivado de la Guerra Civil y el franquismo que figuran inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), mientras que otros ciudadanos que adquirieron la nacionalidad por la misma vía, pero no están inscritos en ese censo, no se encontrarían afectados por la misma medida.

El despacho considera que esta diferencia de trato exige una justificación jurídica suficiente y cuestiona que las consecuencias de la decisión judicial recaigan únicamente sobre determinados ciudadanos en función de su situación censal.

La controversia sitúa así en el centro del debate el alcance de las restricciones electorales que afectan a quienes obtuvieron la nacionalidad española mediante la legislación destinada a reparar las consecuencias del exilio.

El tercer gran argumento de la iniciativa es la presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. El despacho sostiene que los ciudadanos afectados no tuvieron la oportunidad de ser escuchados antes de que se adoptaran las medidas cautelares.

Según expone ILOCAD, la Abogacía del Estado había solicitado que los afectados pudieran intervenir en el procedimiento antes de que se tomara una decisión firme. Sin embargo, siempre según la versión de la firma, la notificación para que comparecieran se acordó cuando las medidas ya habían sido adoptadas.

Para los abogados, esta circunstancia habría generado una situación de indefensión, ya que las alegaciones que puedan presentar ahora no tendrían la misma capacidad para influir en la decisión que habrían tenido si se hubieran escuchado antes de resolver.

El despacho cuestiona, además, la propia competencia del Supremo para adoptar una medida que considera contraria a la legalidad constitucional y que, a su entender, no guardaría una relación suficiente con el objeto del procedimiento principal.

Garzón pide anular las medidas e indemnizar a los afectados

A través de este incidente excepcional de nulidad, ILOCAD solicita que el Tribunal Supremo reconozca de forma urgente la presunta vulneración de los derechos fundamentales de los tres ciudadanos a los que representa y revise las medidas cautelares que han suspendido su derecho al voto.

La firma considera que el alcance del problema podría ir mucho más allá de sus representados y afectar a miles de personas que se encontrarían en una situación semejante. No es la primera vez que el despacho reclama la nulidad de las medidas. ILOCAD ya había planteado esa posibilidad en un escrito de alegaciones provisionales, en el que también solicitó que los afectados fueran indemnizados por los daños que, según sostiene, han sufrido como consecuencia de la decisión judicial.

Ahora, la petición vuelve a situar al Tribunal Supremo ante la reclamación de los afectados, que buscan recuperar el ejercicio de su derecho de sufragio y obtener un pronunciamiento sobre la legalidad de las restricciones aplicadas a determinados españoles nacionalizados por la Ley de Nietos.

La resolución de este incidente será determinante para conocer si el alto tribunal revisa las medidas cuestionadas y cómo aborda los argumentos de ILOCAD sobre la participación política, la igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva.