El Supremo se harta de Albares y Bolaños: o dan la lista de nietos nacionalizados en 5 días o cometen un delito

El Tribunal Supremo ha elevado la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez al dar un plazo de cinco días a los ministros José Manuel Albares, titular de Asuntos Exteriores, y Félix Bolaños, responsable de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para que entreguen la relación nominal de las 163.020 personas nacionalizadas al amparo de la conocida como Ley de Nietos.

La resolución incluye un apercibimiento expreso: si los ministros Albares y Bolaños no remiten la documentación dentro del plazo establecido, podrán imponérseles multas reiteradas hasta que cumplan el requerimiento. Además, la Sala advierte de que podría deducir testimonio para que se depuren las responsabilidades penales que, en su caso, pudieran corresponder. 

La decisión supone un nuevo paso en el procedimiento abierto por las posibles irregularidades relacionadas con la inscripción en el censo electoral de ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática, la llamada Ley de Nietos. El Supremo reclama la información necesaria a Albares y Bolaños para examinar la situación de estas personas de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. La controversia gira en torno a la inscripción electoral de los llamados nietos, que han adquirido la nacionalidad española al amparo de la normativa de memoria democrática. Según los datos del requerimiento, el Supremo reclama los nombres de las 163.020 personas afectadas para poder comprobar la situación planteada en el procedimiento.

La cuestión tiene una consecuencia electoral directa: estas personas no podrán ejercer el voto en las elecciones del 29N salvo que se certifique, por los cauces consulares correspondientes, que cumplen los requisitos previstos en la Ley de Nietos y la normativa electoral aplicable. El objetivo del requerimiento del Supremo es que la documentación permita aclarar las dudas planteadas sobre el censo y determinar qué actuaciones deben llevarse a cabo para corregir las posibles irregularidades antes de la cita con las urnas.

El nuevo movimiento del Supremo llega después de que hayan transcurrido 43 días desde la primera resolución sobre las posibles irregularidades del censo relacionadas con la inscripción de los nacionalizados por la Ley de Nietos. La Sala considera necesario avanzar en la obtención de la información reclamada para que la situación pueda aclararse antes del 29N. El requerimiento dirigido a Albares y Bolaños introduce, además, un plazo concreto y consecuencias expresas en caso de incumplimiento. La posibilidad de imponer multas reiteradas busca garantizar que la documentación llegue al tribunal. La eventual deducción de testimonio, por su parte, permitiría trasladar los hechos a los órganos competentes para valorar si existe alguna responsabilidad penal, es decir, un delito.