Pedraz rechaza las excusas del PSOE para no entregar los contratos de sus abogados y le da 15 días de plazo

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado un nuevo plazo de 15 días al PSOE para que entregue la información relativa a los abogados, despachos profesionales y consultoras contratados por la formación socialista entre 2021 y 2025. El magistrado rechaza los argumentos utilizados por Ferraz para aplazar la entrega de la documentación y deja claro que la consulta realizada al Consejo General de la Abogacía Española no puede convertirse en un obstáculo para el avance de la investigación.

La decisión se produce en el marco de la causa que investiga la existencia de una presunta organización que habría tratado de interferir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

En una nueva providencia, Pedraz reclama al partido que cumpla con lo solicitado en sus anteriores resoluciones, fechadas el 6 y el 21 de octubre, y que lo haga «sin más demora y sin supeditar el cumplimiento a actuaciones extraprocesales de su exclusiva iniciativa».

El requerimiento afecta tanto a los órganos nacionales del PSOE como a sus estructuras territoriales. Por tanto, Ferraz deberá recopilar información sobre las contrataciones de servicios jurídicos y consultoría realizadas durante los cinco años examinados por el juzgado.

El nuevo plazo llega después de que los socialistas alegaran dudas jurídicas sobre la posible vulneración del secreto profesional y solicitaran más tiempo para reunir los documentos. Para resolver esas cuestiones, el partido había acudido al Consejo General de la Abogacía Española, una iniciativa que el magistrado considera insuficiente para justificar la paralización del requerimiento.

Pedraz recuerda que la obligación de colaborar con la Justicia no puede quedar condicionada a la respuesta de una organización profesional ajena al procedimiento. Tampoco acepta que sea el propio destinatario de la orden judicial quien decida unilateralmente cuándo y en qué condiciones debe cumplirla.

En este sentido, la providencia establece que corresponde exclusivamente al órgano judicial determinar el alcance de las diligencias acordadas y valorar la documentación necesaria para esclarecer los hechos investigados.

El magistrado también cuestiona la manera en que el PSOE ha recurrido al secreto profesional. Según recoge la resolución, el partido ha invocado esta protección de forma «genérica e indiscriminada», sin identificar los documentos concretos cuya entrega podría comprometer la confidencialidad de la relación entre abogado y cliente.

Pedraz distingue entre la información contractual que reclama el juzgado y aquellos contenidos que sí pueden quedar amparados por el secreto profesional, como las comunicaciones reservadas, las estrategias de defensa o determinados asesoramientos jurídicos.

Por ello, si Ferraz considera que algún documento no debe facilitarse, tendrá que identificarlo individualmente y presentar una justificación jurídica específica. Lo que no admite el magistrado es una negativa general basada en la confidencialidad de los servicios jurídicos.

Otro de los argumentos que tampoco prospera es el relacionado con las dificultades organizativas del partido. Los socialistas habían explicado que la información solicitada no se encontraba centralizada y que su recopilación resultaba especialmente complicada durante la campaña electoral del 29 de noviembre.

La respuesta del juez es que esas circunstancias internas no pueden justificar el incumplimiento de una diligencia judicial. Ni la distribución territorial de los contratos ni las obligaciones políticas de la formación permiten dejar en suspenso la entrega.

La investigación, conocida como caso Leire Díez, trata de esclarecer las presuntas actuaciones de una red que habría buscado obtener información comprometedora sobre responsables de investigaciones judiciales sensibles para el PSOE. Entre las cuestiones examinadas figuran las posibles relaciones económicas con profesionales y empresas vinculados a los investigados.

El PSOE, por su parte, ha defendido su voluntad de colaborar con la Justicia y sostiene que sus objeciones responden a la necesidad de proteger información confidencial. Sin embargo, Pedraz ha dejado establecido que cualquier excepción deberá justificarse documentalmente y de forma individualizada.