Yolanda Díaz mantiene paralizados a 45 inspectores mientras Trabajo convoca cientos de plazas vacantes

El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz mantiene sin resolver la incorporación de una promoción completa de inspectores mientras continúa impulsando concursos para cubrir puestos en el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la legislación laboral. Una situación que pone de manifiesto las dificultades administrativas para incorporar nuevos efectivos a un servicio público que necesita personal especializado.

La documentación oficial permite comprobar que el pasado 13 de julio el departamento convocó un concurso para la provisión de 212 plazas de inspectores de Trabajo y Seguridad Social, además de otras 45 a resultas. La resolución, firmada por el subsecretario José Ramón del Prado Cortés, recogía puestos distribuidos por distintas provincias españolas y confirmaba la existencia de vacantes con dotación presupuestaria.

La convocatoria sufrió posteriormente una modificación. El 3 de agosto se publicó una corrección que eliminaba una de las plazas inicialmente ofertadas en Barcelona y rectificaba el código de otro puesto en San Sebastián. El departamento mantuvo el procedimiento abierto en los términos establecidos, sin ampliar el plazo de solicitudes.

Esta actividad administrativa contrasta con las dificultades para incorporar a los nuevos integrantes del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Un total de 45 funcionarios permanece pendiente de destino pese a haber superado las pruebas selectivas y terminado su preparación, una circunstancia que les impide ejercer las competencias para las que fueron seleccionados.

No se trata de trabajadores que hayan rechazado incorporarse a sus puestos ni de empleados públicos apartados de sus funciones. Son profesionales que han completado el procedimiento de selección y formación, pero cuya incorporación efectiva depende todavía de los trámites internos de la Administración.

La cuestión central está en el mecanismo utilizado para distribuir las plazas disponibles. Antes de adjudicar destinos a los nuevos inspectores, deben resolverse los correspondientes concursos de movilidad del personal que ya pertenece al cuerpo. Esto significa que la existencia de vacantes no permite, por sí sola, asignarlas inmediatamente a quienes acaban de acceder.

Sin embargo, la sucesión de procedimientos administrativos está provocando un retraso que se prolonga durante meses y que afecta directamente a la capacidad operativa de la Inspección.

El proceso selectivo de la promoción afectada concluyó en marzo de 2025 y su formación terminó en diciembre. Pese a ello, cuando se aproxima el final de octubre de 2026, los funcionarios continúan sin conocer una fecha definitiva para empezar a trabajar.

Mientras tanto, la Administración les abona retribuciones correspondientes a su condición de funcionarios en prácticas, que rondan los 1.100 euros mensuales por persona. El desembolso conjunto supera los 50.000 euros al mes, según los datos conocidos de esta promoción, sin que el Estado pueda contar todavía con su actividad inspectora.

El coste acumulado se sitúa por encima de los 600.000 euros. La cifra representa una consecuencia económica del retraso, pero no constituye por sí misma una irregularidad en el pago: las retribuciones corresponden a personal que ha superado un proceso selectivo y permanece a la espera de su incorporación por causas administrativas.

La situación adquiere otra dimensión al examinar las tareas pendientes de los futuros inspectores. Entre sus competencias figuran la supervisión de las relaciones laborales, la investigación de posibles incumplimientos de la normativa, la vigilancia de las condiciones de trabajo y la intervención ante determinadas irregularidades empresariales.

Cada incorporación pendiente implica que esos nuevos profesionales todavía no pueden reforzar las actuaciones del organismo, aunque no existen datos suficientes para cuantificar cuántas inspecciones concretas se han dejado de realizar por este motivo.

A las convocatorias anteriores se añade una nueva resolución publicada este lunes, 26 de octubre, por el Ministerio de Trabajo. El documento, fechado el 21 de octubre, abre otro concurso para cubrir puestos vacantes de subinspectores laborales de la Escala de Seguridad y Salud Laboral.

En esta ocasión se trata de un cuerpo y unas plazas diferentes de las correspondientes a los 45 inspectores afectados, pero la publicación confirma que el departamento sigue tramitando procedimientos de provisión de personal dentro del mismo organismo.

El atasco también sitúa bajo atención al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, cuyas competencias intervienen en determinados trámites de provisión de puestos.

Desde Trabajo se defiende que la adjudicación de los nuevos destinos está condicionada por la resolución previa de los concursos de traslados y por unos plazos reglamentarios que no dependen exclusivamente de la Inspección. Esta explicación administrativa, sin embargo, no despeja la principal incertidumbre de la promoción: cuándo podrán incorporarse.

El escenario político añade nuevas dudas. La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre ha incrementado la preocupación de los afectados por la posibilidad de que determinados trámites pendientes coincidan con cambios en la estructura del Ejecutivo. 

Entre las posibilidades que manejan informalmente los funcionarios figura que su incorporación termine aplazándose hasta marzo de 2027.