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Sánchez abre un frente contra la ley de Ayuso que reconoce al concebido y protege a las familias

El Ejecutivo de Sánchez cuestiona la norma impulsada por Ayuso, que reconoce al concebido en las medidas de apoyo familiar, y abre una negociación con la Comunidad de Madrid por sus discrepancias jurídicas.

Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez

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Patricia Rodríguez Corchado

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La ley impulsada por Isabel Díaz Ayuso para reconocer al concebido en las medidas de apoyo a las familias se ha convertido en un nuevo motivo de discrepancia entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes, 3 de noviembre, el acuerdo por el que ambas administraciones iniciarán negociaciones para abordar las diferencias jurídicas surgidas en torno a esta iniciativa madrileña.

La controversia afecta a la Ley 5/2026, de 7 de julio, de reconocimiento del concebido en la aplicación de las medidas de apoyo a la familia en la Comunidad de Madrid, aprobada durante el verano y destinada a incorporar al concebido al ámbito de determinadas medidas autonómicas de protección familiar.

La iniciativa del Ejecutivo de Ayuso reconoce jurídicamente al concebido a efectos de determinadas medidas de apoyo a las familias, de acuerdo con las condiciones establecidas en la propia legislación autonómica. De esta manera, la Comunidad de Madrid contempla la etapa de gestación dentro de su política de reconocimiento familiar.

Sin embargo, la norma ha suscitado discrepancias con la Administración central, que han dado lugar a la apertura de un procedimiento formal de negociación. El acuerdo fue adoptado el pasado 9 de octubre por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid y se publica oficialmente este martes.

El documento establece expresamente la decisión de "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas" en relación con la legislación autonómica. Una fórmula que abre la vía para estudiar los puntos controvertidos antes de que pueda plantearse un eventual recurso de inconstitucionalidad.

Para ello, se ha acordado constituir un grupo de trabajo que tendrá como cometido examinar las diferencias y proponer a la Comisión Bilateral una solución. El procedimiento se desarrolla al amparo del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El acuerdo lleva la firma del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en representación de la Administración central, y del consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

La resolución también dispone comunicar el inicio de estas negociaciones al Tribunal Constitucional y publicar el acuerdo tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

La ley de Ayuso no ha sido suspendida ni anulada. El procedimiento abierto tampoco implica que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional la normativa madrileña, sino que ambas administraciones han iniciado los trámites previstos para resolver sus discrepancias.

El texto oficial publicado este martes no identifica los artículos concretos cuestionados ni detalla las objeciones formuladas por la Administración central. Por tanto, todavía no es posible determinar a partir de esta resolución qué aspectos específicos del reconocimiento del concebido se encuentran en discusión.

La publicación del acuerdo sitúa de nuevo en la agenda institucional una norma aprobada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que incorpora el reconocimiento del concebido a las políticas autonómicas de apoyo familiar. El siguiente paso corresponde al grupo de trabajo constituido por ambas administraciones, que deberá examinar las discrepancias y proponer una solución.

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