El Gobierno, a la desesperada ante el veto del Supremo: alerta de un caos electoral el 29N
La Abogacía del Estado intenta frenar la ampliación de las restricciones al voto de otros 190.000 nacionalizados que reclaman Vox e Iustitia Europa y advierte de que la medida podría afectar incluso al escrutinio electoral.
Pedro Sánchez
El Gobierno de Pedro Sánchez ha encendido todas las alarmas ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo amplíe el veto electoral a cerca de 190.000 españoles nacionalizados mediante las leyes de memoria histórica y democrática. A menos de cuatro semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Ejecutivo ha recurrido a un argumento de máxima gravedad para tratar de impedirlo: advierte de que la decisión podría provocar importantes dificultades en la organización de los comicios y comprometer incluso el recuento final de los votos.
La nueva batalla judicial tiene su origen en las peticiones presentadas por Vox e Iustitia Europa, que reclaman extender las medidas cautelares ya acordadas por el Supremo sobre 163.020 españoles residentes en el extranjero. Ambas formaciones consideran que las restricciones deben alcanzar también a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad a través de determinados procedimientos contemplados en la denominada "ley de nietos".
La reacción del Ejecutivo ha sido contundente. La Abogacía del Estado ha presentado escritos de oposición en los que describe un escenario de incertidumbre electoral si los magistrados aceptan las nuevas solicitudes. Según sus alegaciones, identificar a los afectados en el escaso tiempo disponible supondría una carga administrativa difícilmente asumible para las oficinas consulares.
El Ministerio de Asuntos Exteriores cifra en 189.578 las personas que han obtenido la nacionalidad española mediante el supuesto legal que ahora se pretende examinar. Sin embargo, el Gobierno sostiene que no puede determinar cuántas están inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ni cuáles quedarían realmente afectadas por una eventual ampliación de las restricciones.
La Abogacía va más allá y califica de "imposible cumplimiento" la petición de identificar individualmente a los nacionalizados, localizar los expedientes de sus progenitores y reconstruir el procedimiento mediante el que estos adquirieron la nacionalidad española. Según los servicios jurídicos del Ejecutivo, no existe una relación nominal que permita realizar esas comprobaciones de forma inmediata.
El Gobierno recuerda, además, que la identificación de los ciudadanos afectados por la primera suspensión exigió "un mes y medio de trabajo ininterrumpido", un plazo que ahora considera incompatible con la proximidad de las elecciones generales.
Pero la advertencia más llamativa se refiere a las consecuencias que, según el Ejecutivo, podría tener la decisión sobre las urnas. La Abogacía sostiene que una ampliación de las medidas podría alterar los trámites previstos por la legislación electoral y afectar al escrutinio, al existir la posibilidad de que determinados votos ya emitidos quedasen pendientes de computar.
De esta forma, el Gobierno presenta ante el Supremo un escenario de inseguridad administrativa y electoral para justificar su oposición a las nuevas restricciones solicitadas por Vox e Iustitia Europa.
El enfrentamiento con el Supremo no es nuevo. El pasado 12 de octubre, el alto tribunal rechazó las pretensiones del Ejecutivo de levantar las medidas cautelares y ratificó la suspensión de los efectos electorales de determinadas inscripciones en el censo exterior. Los magistrados consideraron entonces que la protección de la limpieza del proceso electoral debía prevalecer mientras se resolvía el litigio.
La controversia se ha intensificado después de que el Gobierno tuviera que facilitar al tribunal la relación de los nacionalizados afectados por aquella primera decisión. Ahora, la solicitud de Vox e Iustitia Europa abre otro frente sobre los descendientes que accedieron a la nacionalidad por una vía diferente.
La Abogacía intenta establecer una distinción entre quienes se nacionalizaron mediante la Ley de Memoria Democrática de 2022 y aquellos cuyos progenitores obtuvieron la ciudadanía española al amparo de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Defiende que no todos los expedientes pueden quedar sometidos a las mismas restricciones y recuerda que todavía no existe una sentencia definitiva que declare irregular la nacionalidad de los afectados.
Por su parte, Vox e Iustitia Europa mantienen su ofensiva judicial para que se revise la situación de estos electores antes de acudir a las urnas. La petición busca impedir que se computen votos cuya validez electoral pueda quedar comprometida por la resolución judicial definitiva.
El Tribunal Supremo rechazó el pasado viernes adoptar inmediatamente las nuevas medidas sin escuchar previamente a las partes y abrió un plazo de tres días para presentar alegaciones, que termina este martes 3 de noviembre.