Nuevo aviso a Sánchez por el "lawfare": la contundente advertencia de un juez de la Audiencia Nacional

El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez, ha salido este miércoles en defensa de la independencia judicial con unas declaraciones que adquieren especial relevancia en pleno debate político sobre las investigaciones que afectan al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez. El magistrado ha rechazado las acusaciones de "lawfare" y ha advertido a los responsables públicos de que atribuir intereses partidistas a los jueces supone cuestionar la legitimidad de su actuación.

Fernández ha realizado estas manifestaciones ante los medios de comunicación en Toledo, antes de participar en el XIII Foro de Economía de Castilla-La Mancha, organizado por la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (AEFCLM), celebrado en el Cigarral de Santa María.

El encuentro empresarial ha servido de escenario para que el presidente del tribunal abordase una de las controversias que han marcado el debate político de los últimos años: las acusaciones de utilización de la Justicia para perjudicar a determinados dirigentes o formaciones políticas.

"En la Audiencia Nacional, como en ningún tribunal español, no se hace política", ha afirmado el magistrado, que ha defendido que las investigaciones judiciales responden exclusivamente a criterios jurídicos.

Sus declaraciones se producen en un momento especialmente delicado para el PSOE, con distintos procedimientos judiciales que afectan a personas vinculadas al partido y al entorno del presidente del Gobierno. .

El presidente de la Audiencia Nacional ha recordado que la función de los magistrados consiste en esclarecer hechos y determinar si determinadas conductas tienen consecuencias jurídicas, independientemente de quiénes sean sus protagonistas.

"Nosotros investigamos hechos, juzgamos conductas, pero bajo la única vinculación que tenemos, que es la Constitución y la ley, sin atender a ningún otro tipo de influencia", ha asegurado.

Uno de los aspectos centrales de su intervención ha sido la utilización del concepto de "lawfare", empleado en el ámbito político para denunciar supuestas persecuciones judiciales. Fernández ha cuestionado este tipo de acusaciones cuando se utilizan para atribuir a los jueces objetivos que van más allá de la aplicación de la ley.

El magistrado ha reconocido que las resoluciones judiciales pueden ser objeto de críticas, también por parte de los representantes políticos. Sin embargo, ha establecido una diferencia entre discrepar de una decisión y sostener que quienes la han adoptado persiguen fines ideológicos.

A su juicio, cuando un responsable público atribuye a los jueces la intención de intervenir en el escenario político o provocar cambios de Gobierno, sus críticas pierden la legitimidad que corresponde al cuestionamiento de una resolución judicial.

El mensaje llega en un contexto en el que las actuaciones de los tribunales y las investigaciones relacionadas con dirigentes políticos han ocupado buena parte de la confrontación entre el Ejecutivo y la oposición. El recurso al término "lawfare" también ha formado parte del debate parlamentario y de las controversias sobre la independencia del Poder Judicial.

Fernández ha reivindicado, además, las garantías establecidas por la Constitución de 1978 para proteger a los magistrados frente a cualquier clase de presión externa.

"No tenemos otra sujeción que la Constitución —que es de la que deriva nuestra legitimidad democrática— y no actuamos nunca movidos por ninguna otra influencia político-partidista, económica o social", ha subrayado.

El presidente de la Audiencia Nacional ha defendido que los tribunales españoles han demostrado durante décadas su capacidad para actuar con independencia, incluso en procedimientos de enorme trascendencia pública.

La intervención ha tenido lugar cuando la Audiencia Nacional se aproxima al 50 aniversario de su creación, que se cumplirá en 2027. Fernández ha acudido al foro empresarial para pronunciar una conferencia titulada "La Audiencia Nacional, garante del Estado de derecho", centrada en la función de esta institución dentro del sistema constitucional.

"Nuestro deber es ser firmes en la defensa del Estado de Derecho, contribuir a que la vida de los españoles sea mejor, más pacífica y a eso nos dedicamos", ha manifestado el magistrado.