Sánchez cambia las reglas de la radio con el DAB+: RTVE prepara contratos y la CNMC alerta de desigualdad

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una nueva regulación que cambiará las condiciones de emisión de la radio digital en España. El Real Decreto 958/2026, , establece la implantación obligatoria de la tecnología DAB+ para los operadores digitales de ámbito estatal. Una transformación que exigirá adaptaciones técnicas a las emisoras privadas mientras Radio Televisión Española (RTVE) prepara contratos millonarios relacionados con el despliegue.

La medida, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 3 de noviembre, introduce nuevas condiciones para la radiodifusión sonora digital terrestre. El Ejecutivo sostiene que la transición podrá realizarse aprovechando las redes existentes y modificando la codificación de la señal, aunque eso no significa que los operadores queden exentos de afrontar los costes derivados de la adaptación.

La nueva regulación distingue entre las emisoras de ámbito estatal y las autonómicas y locales. Mientras las primeras deberán utilizar DAB+ para sus emisiones digitales, las segundas podrán incorporarlo inicialmente de manera voluntaria. Posteriormente, cada comunidad autónoma establecerá cuándo será obligatorio utilizar esta tecnología en su territorio.

Esta diferencia de obligaciones ha sido uno de los aspectos cuestionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La transformación de la radio digital también tiene una importante dimensión económica. RTVE ha publicado diferentes licitaciones relacionadas con la implantación del DAB+ que, sumadas, superan los 7,4 millones de euros.

Uno de los contratos más elevados corresponde a la distribución por satélite de las señales DAB+ hacia los centros emisores, con un presupuesto de 4.460.400 euros, sin impuestos.

A esta cantidad se añaden otros 1.785.000 euros para el suministro e instalación de cabeceras y conversores, así como 860.000 euros destinados a centros emisores digitales en Madrid y Barcelona.

La corporación pública también contempla 125.000 euros para medidores de campo, 98.000 euros para equipamiento de red y 106.320 euros para servicios de transporte, distribución y difusión de radio digital.

El despliegue responde también a las nuevas exigencias impuestas a RTVE. La corporación deberá alcanzar una cobertura del 80 % de la población en un plazo de 30 meses y cubrir el 70 % de las autopistas y autovías.

La CNMC advierte de posibles desventajas competitivas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya había analizado el proyecto normativo en un informe de noviembre de 2025, en el que planteó varias observaciones sobre las condiciones de implantación.

Una de sus principales advertencias estaba relacionada con las diferencias entre operadores. El organismo recomendó evaluar si imponer desde el principio el DAB+ a las emisoras estatales, mientras las autonómicas y locales podían continuar temporalmente con DAB, podía generar desventajas competitivas.

El regulador también examinó las obligaciones de cobertura de las emisoras privadas. El proyecto mantenía un mínimo del 20 % de cobertura poblacional, pero contemplaba la posibilidad de elevar las exigencias cuando la audiencia de la radio digital alcanzase el 10 %.

Ante esta previsión, la CNMC reclamó mayor precisión sobre los criterios utilizados para determinar los incrementos de cobertura y sobre los métodos empleados para medir la audiencia.

Estas observaciones tienen especial relevancia para las empresas privadas, que deberán planificar sus inversiones técnicas en función de las obligaciones que les correspondan. No obstante, la CNMC no cuantificó el coste de adaptación para las emisoras ni concluyó que todas fueran a sufrir pérdidas económicas.

Las radios privadas afrontan la adaptación sin una factura global conocida

La implantación del DAB+ exigirá adaptar la codificación de las señales y garantizar la compatibilidad de los sistemas de emisión digital. El Gobierno asegura que no será necesario sustituir completamente las redes actuales, pero la adaptación técnica puede generar gastos de equipamiento, configuración y servicios de difusión.

La normativa no establece una cifra única de inversión para cada operador privado. El coste dependerá de las instalaciones disponibles, las necesidades técnicas y los acuerdos de difusión de cada emisora.

Mientras tanto, los presupuestos publicados por RTVE ponen cifras al despliegue que prepara el operador público, aunque no constituyen una estimación de lo que deberán pagar las empresas privadas.