Ábalos, desesperado por salir de Soto del Real por ocho razones que pone sobre la mesa del Constitucional

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha acudido al Tribunal Constitucional con el objetivo de anular su condena de 24 años y tres meses de prisión por las irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia y las contrataciones de mujeres de su entorno en empresas públicas.

Su defensa ha presentado este jueves, 5 de noviembre, una demanda de amparo en la que expone ocho motivos para cuestionar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, su petición no se limita a conseguir la anulación de la condena: también reclama que se suspenda de manera urgente su cumplimiento, una medida que permitiría al antiguo dirigente socialista abandonar la cárcel mientras se resuelve el recurso.

El escrito plantea distintas vulneraciones de derechos fundamentales que, a juicio de la defensa, se habrían producido durante el procedimiento judicial. Entre las cuestiones discutidas figuran las garantías procesales, la presunción de inocencia y la competencia del Tribunal Supremo para juzgar al exministro después de que perdiera su condición de aforado.

Otro de los argumentos se centra en la valoración de las pruebas y, especialmente, en las declaraciones del empresario Víctor de Aldama. La defensa cuestiona que su testimonio contara con elementos suficientes de corroboración para sustentar la condena.

Además de solicitar la nulidad de la resolución judicial, los abogados de Ábalos plantean dos alternativas en caso de que el Constitucional no atienda su petición principal. La primera consiste en que se dicte una nueva sentencia y la segunda, en retrotraer las actuaciones al momento en el que consideran que el exministro debería haber tenido acceso a sus dispositivos electrónicos, una cuestión que su defensa ya había planteado durante el procedimiento.

La iniciativa llega después de que el Tribunal Supremo rechazara, el pasado 14 de octubre, los intentos de Ábalos y de su antiguo asesor, Koldo García, de conseguir la nulidad de sus respectivas condenas. Aquella decisión agotó la vía judicial ordinaria y abrió la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional.

El Supremo había condenado en junio a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García a 19 años y ocho meses por delitos relacionados con la trama de las mascarillas, entre ellos organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Ahora, la decisión queda en manos del Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la tramitación del recurso y la medida cautelar solicitada.