Azvi, señalada por Aldama por una presunta mordida, habla tras la visita de la UCO y lanza un mensaje tajante
La constructora sevillana asegura que colabora plenamente con la Guardia Civil y confía en que la investigación permita esclarecer las acusaciones de Aldama.
El empresario Víctor de Aldama a su salida del Tribunal Supremo, a 4 de mayo de 2026, en Madrid
La nueva ofensiva judicial sobre el caso Koldo ha llegado este jueves hasta Sevilla. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en las instalaciones del Grupo Azvi, una constructora cuyo nombre ya había aparecido en las declaraciones de Víctor de Aldama sobre las presuntas comisiones vinculadas a adjudicaciones del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.
La compañía ha reaccionado públicamente a la actuación de los investigadores con un comunicado en el que defiende su trayectoria empresarial, confirma que está colaborando con los agentes y asegura afrontar las diligencias con "la más absoluta tranquilidad".
La presencia de la Guardia Civil en la sede sevillana responde a un requerimiento de documentación acordado por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Ismael Moreno. No se trata de una actuación aislada, sino de una operación más amplia que afecta a distintos puntos de España y que se desarrolla bajo secreto judicial.
Durante la jornada, los investigadores también han registrado el domicilio del exministro Ábalos en Valencia y han solicitado información a Adif Alta Velocidad. Las diligencias forman parte de una nueva pieza separada abierta el pasado martes dentro de las investigaciones sobre el caso Koldo.
El interés por la constructora sevillana tiene un antecedente en las declaraciones de Víctor de Aldama, quien vinculó a distintas empresas con supuestas entregas de dinero a cambio de contratos públicos.
Entre las operaciones mencionadas por el empresario figura un pago de 18.000 euros efectuado en octubre de 2019 a Pilot Club Natación de Sevilla. Según sostuvo Aldama, aquella cantidad estaría relacionada con una compensación por su intervención en adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Transportes.
La versión del comisionista fue rechazada por Azvi, que negó haber participado en las irregularidades descritas y decidió acudir a los tribunales para defender sus intereses.
En enero de 2026, el grupo empresarial, presidido por Manuel Contreras, presentó un escrito ante el magistrado Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, solicitando que se le reconociera la condición de perjudicado y se le concediera autorización para formular una querella criminal contra Aldama.
La compañía sostuvo entonces que las afirmaciones del empresario sobre su participación en supuestos pagos irregulares eran "absolutamente inciertas".
La reacción de la empresa no se ha limitado a confirmar la presencia de la Guardia Civil en sus oficinas. Azvi ha querido dejar constancia de su disposición a colaborar con las autoridades y de su confianza en el resultado de las comprobaciones.
"Queremos trasladar nuestra más absoluta tranquilidad ante esta actuación", señala el comunicado difundido después del requerimiento de documentación.
La constructora también manifiesta su "plena confianza en el trabajo de las autoridades competentes" y considera que el análisis de los documentos puede servir para acreditar su actuación empresarial.
En ese sentido, sostiene que las diligencias constituyen una oportunidad para demostrar su "buen hacer" mediante el examen de la información solicitada por los especialistas de la UCO.
La empresa asegura, además, que continuará facilitando cuantos documentos le sean requeridos, mientras los investigadores avanzan en una causa que permanece bajo secreto.
Precisamente esa circunstancia es la que Azvi esgrime para no entrar en detalles sobre el contenido de los requerimientos. La compañía defiende que debe respetarse la confidencialidad del procedimiento para evitar interferencias en las pesquisas.
La operación desarrollada este jueves supone un nuevo movimiento judicial en la investigación de las presuntas irregularidades en la contratación pública vinculadas al caso Koldo. Por el momento, el secreto de las actuaciones impide conocer qué documentos concretos busca la UCO en Azvi y qué relación tienen con los hechos investigados en esta nueva pieza separada.