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El aceite de oliva, bajo llave: Planas obliga a inmovilizar parte de la cosecha hasta 2027

Agricultura impone a las almazaras la retirada del 12 % de su producción, pese a las advertencias de la CNMC sobre el riesgo de encarecer los precios.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis PlanasEuropa Press

Patricia Rodríguez Corchado

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El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado el paso definitivo para retirar del mercado parte del aceite de oliva producido en España. El Ministerio de Agricultura, dirigido por Luis Planas, ha establecido que las almazaras deberán almacenar obligatoriamente el 12 % de su producción mensual, una cantidad que permanecerá inmovilizada hasta el 30 de septiembre de 2027, pese a las advertencias del organismo encargado de velar por la competencia sobre las posibles consecuencias para los consumidores.

La decisión supone pasar de una retirada que hasta ahora estaba contemplada como posibilidad a una obligación concreta para los productores. La medida comenzará a aplicarse sobre el aceite declarado desde noviembre de 2026, mientras que las cantidades correspondientes a octubre y meses anteriores quedarán excluidas.

La intervención llega en un momento de abundancia de aceite de oliva. Las estimaciones oficiales sitúan la producción de la campaña 2026-2027 en 1.602.596 toneladas, un 23 % más que en la anterior. A esta cantidad se suman otras 357.040 toneladas almacenadas al inicio de la campaña.

En total, España dispone de unas previsiones de producción y existencias iniciales próximas a los dos millones de toneladas. Sin embargo, una parte de la nueva cosecha no podrá comercializarse libremente durante los próximos meses.

La retirada podría afectar a unas 190.000 toneladas de aceite, según las estimaciones difundidas por el sector. Las almazaras tendrán que conservar el producto en instalaciones propias o ajenas y acreditar ante las autoridades que cumplen con el porcentaje exigido.

La medida no contempla la destrucción del aceite, sino su almacenamiento obligatorio hasta el final de la campaña. No obstante, mantener una parte de la producción fuera de los canales comerciales supone una restricción de la oferta disponible y añade obligaciones de almacenamiento y control para los operadores afectados.

Uno de los aspectos más controvertidos de la decisión es que el Ejecutivo ha activado el mecanismo después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtiera de sus posibles consecuencias económicas.

El organismo regulador ya alertó el pasado 5 de octubre de que las restricciones de comercialización podrían traducirse en precios más elevados, una menor variedad de productos y efectos negativos sobre la competencia.

Competencia señaló que estas intervenciones pueden alterar el funcionamiento de la cadena de valor del aceite de oliva y reclamó una justificación más detallada de sus efectos antes de aplicar restricciones obligatorias.

La preocupación afecta especialmente a los hogares con menor capacidad adquisitiva, para los que el precio de los alimentos básicos representa una parte importante del presupuesto familiar.

La CNMC también pidió que se analizaran las consecuencias de la retirada sobre el consumo, la rentabilidad de los productores, los distribuidores y el resto de los operadores del sector, en lugar de limitar la evaluación a las previsiones de producción.

Además, reclamó criterios objetivos para determinar las cantidades afectadas y una mayor claridad sobre las obligaciones de las pequeñas almazaras.

El almacenamiento obligatorio también ha provocado discrepancias dentro del propio sector oleícola. Mientras organizaciones agrarias como Asaja, COAG y UPA han reclamado mecanismos para hacer frente al descenso de las cotizaciones en origen, representantes de la industria y de las empresas envasadoras han cuestionado las repercusiones de la retirada.

Entre los motivos de preocupación figuran los costes adicionales de almacenamiento, la inmovilización de producto y el posible impacto sobre la competitividad de las empresas españolas frente a operadores de otros mercados.

El aceite de oliva virgen extra se ha situado en torno a los tres euros por kilogramo en origen, un precio que las organizaciones de productores consideran insuficiente para cubrir los costes de numerosas explotaciones.

La resolución establece también nuevas obligaciones documentales para los operadores. Las almazaras deberán justificar en todo momento la cantidad de aceite almacenada y la ubicación de las instalaciones utilizadas para conservarlo.

Agricultura ha previsto la creación de un grupo técnico de seguimiento, coordinado por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, encargado de aprobar el plan de control de la retirada obligatoria.

El porcentaje del 12 % podrá modificarse posteriormente, en función de la evolución del mercado y de las previsiones de producción. La normativa contempla una revisión a partir del 31 de diciembre de 2026 para evaluar, entre otros aspectos, las consecuencias sobre la demanda y los precios.

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