Bruselas pide rendición de cuentas e investiga un mega fraude con los fondos destinados a la vía de Urda
Las diligencias en Adif tras el accidente de Urda añaden presión sobre la gestión ferroviaria: deficiencias en los poderes de firmantes, mientras el comunicado oficial no identifica a investigados concretos.
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez
El Gobierno tiene un problema que no se resuelve con anunciar inversiones. El Confidencial sitúa bajo investigación casi 200 millones de euros en ayudas para la seguridad de la línea del accidente de Urda, mientras The Objetive señala deficiencias documentales sobre la representación de firmantes en un contrato de señalización.
Son dos informaciones que añaden dimensión económica y administrativa a unas diligencias ya confirmadas. La Fiscalía Europea anunció el viernes actuaciones en Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas, con apoyo de la UCO, por un posible fraude con fondos comunitarios.
El comunicado delimita el objeto: renovación y mejora de la seguridad, señalización y comunicaciones de la línea Madrid-Sevilla. No concreta una cantidad presuntamente defraudada ni identifica investigados. Por tanto, los casi 200 millones que publica El Confidencial no pueden presentarse como dinero desaparecido ni como un perjuicio acreditado.
The Objective añade el examen de documentación de un contrato vinculado a Thales y recoge que Adif solicitó subsanar la acreditación de los poderes de representantes de la contratista. La incidencia afecta a documentos exigidos para la financiación europea; no demuestra firmas falsas ni permite concluir que las instalaciones estuvieran mal ejecutadas.
El contexto oficial tampoco invita a despachar el asunto como un simple papeleo. El Tribunal de Cuentas consideró adecuados los sistemas generales del Plan de Recuperación en Adif, pero detectó debilidades de trazabilidad y controles insuficientes sobre determinadas declaraciones de ausencia de conflicto de interés. También reprochó falta de rigor al investigar dos denuncias internas.
La Fiscalía abrió las pesquisas de oficio y recuerda otra investigación sobre la misma línea iniciada en marzo. No ha establecido que el posible fraude causara el accidente. Esa conexión necesita pruebas; explicar cómo se gastaron y controlaron las ayudas es una obligación política que el Gobierno ya tiene encima de la mesa.