Marlaska refuerza la prevención para la ONCE mientras policías y guardias civiles exigen protección laboral

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha publicado este martes 10 de noviembre un convenio de colaboración con la ONCE para reforzar la seguridad de sus afiliados y vendedores de productos de lotería. Una iniciativa destinada a mejorar la protección de este colectivo que llega en plena oleada de protestas de los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil, que continúan reclamando al Gobierno el reconocimiento de su actividad como profesión de riesgo y unas condiciones de jubilación equiparables a las de otros cuerpos policiales.

El acuerdo, firmado el pasado 28 de octubre, contempla actuaciones de prevención, formación en autoprotección y mecanismos de comunicación para reducir los riesgos a los que pueden enfrentarse los vendedores de la organización. Se trata de una colaboración que da continuidad a iniciativas desarrolladas desde 2020 y que pretende mejorar la seguridad de un colectivo especialmente vulnerable ante determinadas situaciones delictivas.

Sin embargo, su publicación coincide con un momento de especial tensión entre el Ministerio del Interior y los representantes de los dos principales cuerpos de seguridad del Estado. Policías nacionales y guardias civiles denuncian que, pese a desempeñar diariamente funciones que pueden poner en peligro su integridad física, siguen sin obtener el reconocimiento de profesión de riesgo que reclaman desde hace años.

Mientras Interior mantiene programas específicos de prevención para determinados colectivos, continúa pendiente una de las principales demandas laborales de los agentes encargados de garantizar la seguridad ciudadana.

El malestar se hizo especialmente visible el pasado 27 de octubre, cuando representantes de diferentes sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil protagonizaron un encierro en la sede del Ministerio del Interior después de que se interrumpieran las negociaciones sobre sus condiciones de jubilación.

Según denunciaron los representantes de los agentes, las conversaciones llevaban meses desarrollándose y existía la expectativa de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, el departamento de Marlaska alegó las dificultades derivadas del adelanto electoral del 29 de noviembre para continuar avanzando en las negociaciones.

La situación desembocó en nuevas movilizaciones el pasado 6 de noviembre, cuando las organizaciones policiales y asociaciones de guardias civiles anunciaron que retomaban las protestas para exigir una respuesta del Ejecutivo.

Los representantes de ambos cuerpos mantienen una reivindicación común: que el Gobierno reconozca oficialmente la peligrosidad de sus funciones y establezca condiciones de jubilación equiparables a las que disfrutan otros cuerpos policiales en España.

Las organizaciones denuncian que la falta de avances mantiene diferencias en las condiciones laborales de los agentes. Sus reclamaciones no se limitan a la edad de jubilación, sino que también incluyen el reconocimiento de los riesgos profesionales y las consecuencias económicas que puede tener el retiro.

Además, los representantes sindicales y asociativos han advertido de que las movilizaciones continuarán si el Ministerio del Interior no ofrece una respuesta concreta a unas reivindicaciones que consideran pendientes desde hace demasiado tiempo.

Desde el departamento de Marlaska se ha reconocido el carácter peligroso y penoso de las funciones que desempeñan policías nacionales y guardias civiles, aunque ese reconocimiento no se ha traducido todavía en el acuerdo normativo y las condiciones de jubilación que reclaman sus representantes.

El convenio con la ONCE su finalidad es reforzar la prevención de delitos y la protección de los afiliados y vendedores de la organización, una actuación que responde a necesidades de seguridad diferentes.

No obstante, la coincidencia de ambas situaciones vuelve a poner sobre la mesa las reivindicaciones que Interior mantiene sin resolver. Mientras el ministerio formaliza actuaciones de colaboración destinadas a mejorar la protección de otros colectivos, policías nacionales y guardias civiles siguen exigiendo medidas específicas que reconozcan los riesgos de su profesión y garanticen una jubilación digna.

Las organizaciones profesionales mantienen su calendario de movilizaciones ante la falta de un acuerdo definitivo con el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.