Abascal no se inventó la perspectiva de género en la construcción: Sánchez la incorporó al urbanismo

"Eliminando la sobrerregulación, por ejemplo, la perspectiva de género que existe en la construcción". Santiago Abascal pronunció esa frase en La Revuelta al responder a David Broncano sobre cómo levantar más viviendas. La réplica puso el foco en una norma real: el Gobierno de Pedro Sánchez incorporó expresamente la perspectiva de género a la ordenación del suelo en 2021.

El PSOE no puede despachar la referencia de Abascal como una ocurrencia. La obligación de tener en cuenta la perspectiva de género en el diseño de las ciudades y el planeamiento ya figuraba en la Ley de Igualdad de 2007. Pero fue la Ley de Cambio Climático aprobada bajo el Gobierno de Sánchez la que modificó la Ley de Suelo para incluirla entre los criterios que las administraciones deben considerar al ordenar los usos del suelo, junto a la movilidad, la accesibilidad y la eficiencia energética. Un año después, la Ley de Calidad de la Arquitectura incorporó entre sus objetivos promoverla en ese ámbito.

De los despachos a las calles y los edificios

Las comunidades autónomas han convertido ese principio en instrucciones más concretas. En Castilla-La Mancha, la ley urbanística prevé análisis de las consecuencias de los planes bajo esta perspectiva y su incorporación a determinados estudios de movilidad. En la Comunitat Valenciana, la norma detalla criterios para conectar servicios cotidianos, iluminar itinerarios y diseñar vestíbulos y zonas comunes con mayor visibilidad, sin rincones ocultos y con iluminación adecuada. No es, por tanto, una etiqueta vacía: según el territorio, puede traducirse en documentación y decisiones de diseño.

Ese es el debate que la respuesta de Abascal abrió y que el Gobierno no puede cerrar acusándole de exagerar sin explicar el alcance de sus propias normas. El Tribunal Supremo estableció que la legislación estatal no obliga automáticamente a presentar un informe de impacto de género para cada plan cuando la norma autonómica no lo exige. Aun así, el principio de igualdad forma parte de la ordenación urbana y puede ser revisado judicialmente.

La carga existe; su coste específico sigue sin medirse

La CNMC ha advertido de que la acumulación de estudios sectoriales en los planes puede alargar su tramitación. Entre los informes autonómicos que pueden aparecer en ese proceso menciona los de género. La comisión, sin embargo, no calcula cuánto tiempo o dinero añaden específicamente esas exigencias. Su diagnóstico apunta a un problema más amplio de complejidad normativa, duplicidades y falta de coordinación.

Abascal puso sobre la mesa una cuestión legítima: qué nuevas cargas impone el urbanismo y qué resultados justifican cada una. La legislación confirma que la perspectiva de género está integrada en la planificación y que algunas comunidades la llevan a criterios concretos. Falta que el Gobierno aporte datos sobre el coste y los plazos de esas obligaciones. La crisis de vivienda no puede cargarse automáticamente a esta política, pero tampoco cabe fingir que la regulación no existe. La escasez de mano de obra, la lentitud de los desarrollos urbanísticos, la falta de suelo finalista y las conexiones eléctricas figuran entre los obstáculos señalados por el Banco de España.