JUCIL denuncia en vísperas de la huelga del 11N que los guardias civiles siguen sin derechos fundamentales en pleno siglo XXI

La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL ha denunciado este martes, 10 de noviembre, en vísperas de la huelga general del 11N, que los agentes del Instituto Armado continúan privados de derechos fundamentales como la libertad sindical y el derecho de huelga, además de sufrir importantes limitaciones en materia de negociación colectiva. Una situación que la organización considera injustificable en pleno siglo XXI y que ha decidido trasladar a las instituciones europeas.

La denuncia llega precisamente cuando España se prepara para una nueva jornada de huelga general, un derecho del que los guardias civiles siguen excluidos. JUCIL considera que estas restricciones sitúan a los miembros del Instituto Armado en una posición de desigualdad respecto a otros trabajadores y cuerpos policiales, pese a desempeñar funciones esenciales para la seguridad pública.

Para intentar revertir esta situación, la asociación presentó hace meses una reclamación colectiva contra el Reino de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), órgano del Consejo de Europa encargado de supervisar el cumplimiento de la Carta Social Europea.

La reclamación, registrada con el número 248/2025, cuestiona la compatibilidad de las restricciones impuestas a los guardias civiles con los estándares europeos en materia de libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga.

El pasado 16 de marzo, el Comité admitió a trámite la reclamación, dando paso al examen del fondo del asunto. Se trata de un procedimiento de especial relevancia jurídica que, de prosperar, podría abrir la puerta a modificaciones normativas destinadas a ampliar los derechos colectivos de los integrantes de la Guardia Civil.

JUCIL acude a Europa para reclamar los derechos de los guardias civiles

La asociación recuerda que existen precedentes europeos en países como Portugal e Irlanda, donde distintas organizaciones militares y policiales han promovido procedimientos similares ante el Comité Europeo de Derechos Sociales.

En estos casos, el organismo europeo ha cuestionado determinadas restricciones que afectan al ejercicio de derechos colectivos. JUCIL considera que estos antecedentes refuerzan su reclamación y sostiene que la naturaleza militar de la Guardia Civil no puede seguir utilizándose para justificar limitaciones que, a su juicio, dejan a sus integrantes en una situación de desigualdad.

"Los guardias civiles no podemos seguir siendo policías de segunda. Tenemos las mismas obligaciones y asumimos los mismos riesgos que otros cuerpos policiales, pero seguimos sin disponer de derechos y herramientas fundamentales para defender nuestras condiciones laborales. Por eso hemos acudido a Europa y vamos a seguir utilizando todas las vías legales a nuestro alcance para acabar con esta situación", señala JUCIL.

La organización insiste en que su objetivo es conseguir que se reconozcan los derechos laborales de los agentes y que puedan disponer de mecanismos adecuados para defender sus condiciones profesionales.

JUCIL y JUPOL mantienen las movilizaciones contra Interior

Al conflicto por las restricciones de derechos laborales se suma otra de las principales reivindicaciones de los guardias civiles y policías nacionales: el reconocimiento de la profesión de riesgo.

JUCIL mantiene, junto al sindicato policial JUPOL, las movilizaciones para exigir al Ministerio del Interior que cumpla su compromiso de avanzar en este reconocimiento, después de que, según denuncian ambas organizaciones, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska incumpliera su palabra.

La tensión entre las organizaciones profesionales e Interior llegó a provocar que el pasado 27 de octubre sus representantes protagonizaran un encierro en la sede del ministerio como señal de protesta tras la ruptura de las negociaciones.

Con aquella movilización, JUCIL y JUPOL pretendían denunciar la falta de avances en una reivindicación que consideran fundamental para garantizar unas condiciones de jubilación acordes con la peligrosidad de sus funciones.

La asociación recuerda que el reconocimiento de la profesión de riesgo permitiría reclamar unas condiciones de jubilación equiparables a las que disfrutan otros cuerpos policiales.