La Abogacía del Estado y la JEC intentan apartar a Hazte Oír del recurso sobre la Ley de Nietos
Ambas piden al Supremo que inadmita la impugnación por falta de legitimación, aunque la asociación reclama que se revisen las garantías del censo electoral. El tribunal aún no ha decidido.
Los portavoces de Hazte Oir Javier María Pérez Roldán y Nouna Lozano
La Abogacía del Estado y la Junta Electoral Central quieren que Hazte Oír quede fuera del recurso contra el acuerdo de la JEC relacionado con la Ley de Nietos. Su argumento es procesal: sostienen que la asociación carece de legitimación para recurrir. El Tribunal Supremo tendrá que decidir ahora si acepta esa petición o permite que la entidad siga defendiendo sus argumentos en el procedimiento.
Hazte Oír considera que el debate no puede despacharse sin examinar la cuestión de fondo: cómo se han gestionado las inscripciones vinculadas a la Ley de Nietos y qué garantías rodean al censo electoral. La asociación sostiene que un asunto con consecuencias sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y la limpieza del proceso debe poder someterse a control judicial.
El Supremo ya había admitido el recurso
La petición de apartar a Hazte Oír llega después de que el Supremo admitiera a trámite, en septiembre, su recurso contra una resolución de la JEC relacionada con la trazabilidad de las altas y variaciones del CERA. La asociación había reclamado revisar esas inscripciones y comprobar que la asignación electoral de los nuevos inscritos se hubiera realizado con criterios legales.
Ese paso no resolvía el fondo del litigio, pero permitió que la impugnación avanzara. Ahora, la Abogacía del Estado y la JEC buscan que la Sala cierre esa vía para la asociación antes de analizar sus planteamientos. Para Hazte Oír, la discusión sobre quién puede recurrir no debería convertirse en un atajo para eludir el examen de las dudas sobre el censo.
Una discusión sobre las garantías del voto
La llamada Ley de Nietos se articula en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que regula el acceso a la nacionalidad para determinados descendientes de españoles. En este caso, Hazte Oír ha puesto el foco en las consecuencias electorales de las inscripciones y en la necesidad de que exista información suficiente para fiscalizarlas.
La asociación ha anunciado que seguirá defendiendo ante el Supremo que una cuestión de esta relevancia pública merece una respuesta judicial. La Sala todavía no ha resuelto si la entidad podrá continuar en el procedimiento. Si acepta la petición de la Abogacía del Estado y de la JEC, Hazte Oír quedará fuera de este recurso; si la rechaza, sus argumentos podrán seguir siendo examinados en el marco del litigio.