Una silla vacía en las elecciones del 29N puede acabar en prisión: el aviso a los miembros de las mesas

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre no solo implicarán acudir a las urnas para elegir a los representantes políticos. Miles de españoles tendrán una responsabilidad añadida: garantizar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad desde la apertura de los colegios hasta el recuento del último voto. Una obligación que, aunque está remunerada, no es voluntaria y puede tener consecuencias penales para quienes decidan incumplirla sin una causa justificada.

La legislación electoral establece que los ciudadanos designados para formar parte de una mesa electoral están obligados a acudir. No hacerlo, abandonar sus funciones o incumplir sus obligaciones sin una justificación válida puede constituir un delito castigado con penas de prisión de entre tres meses y un año o multas de seis a 24 meses.

Sin embargo, existen circunstancias que permiten solicitar quedar exento de esta responsabilidad. Desde problemas de salud hasta obligaciones familiares o profesionales, la normativa recoge diferentes supuestos que deben acreditarse ante la Junta Electoral de Zona.

La designación de los integrantes de las mesas se realiza mediante un sorteo público entre los ciudadanos que cumplen los requisitos establecidos. Cada mesa cuenta con un presidente y dos vocales, además de dos suplentes por cada uno de estos puestos, cuya presencia resulta necesaria para garantizar su constitución.

La jornada comenzará a las ocho de la mañana, una hora antes de que los electores puedan depositar sus papeletas. Tanto los titulares como los suplentes deberán acudir puntualmente al colegio asignado para comprobar que están presentes las personas necesarias y preparar la documentación.

Las urnas abrirán a las 9:00 horas y la votación se prolongará hasta las 20:00 horas. No obstante, quienes formen parte de la mesa deberán permanecer en sus puestos hasta completar el escrutinio, elaborar las actas y realizar los trámites correspondientes al cierre de la jornada.

En el caso de los suplentes, podrán marcharse una vez constituida la mesa si no ha sido necesario sustituir a ninguno de los titulares.

Una compensación de 75 euros y permisos laborales

Los ciudadanos que ejerzan efectivamente como presidentes o vocales recibirán una dieta de 75 euros por su participación en la jornada electoral. Esta cantidad también se abonará a los suplentes que finalmente tengan que ocupar uno de esos puestos.

La compensación económica no es el único derecho reconocido. Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios que deban formar parte de una mesa dispondrán de un permiso retribuido durante la jornada electoral cuando esta coincida con su horario laboral.

Además, tendrán derecho a una reducción de cinco horas de trabajo al día siguiente, el lunes 30 de noviembre, sin que ello suponga una disminución de su salario.

Durante el desempeño de sus funciones, los integrantes de las mesas estarán protegidos por el sistema de la Seguridad Social frente a las contingencias derivadas de esta responsabilidad.

Quién puede librarse de formar parte de una mesa electoral

Aunque la designación es obligatoria, la Junta Electoral Central contempla determinadas circunstancias que permiten presentar una solicitud para quedar exento.

Entre los motivos personales figuran tener entre 65 y 70 años, contar con una discapacidad reconocida, encontrarse en situación de incapacidad temporal o estar en determinadas fases del embarazo. También se contemplan los periodos de descanso por nacimiento y cuidado de menores.

Las enfermedades que impidan desempeñar adecuadamente las funciones, las intervenciones quirúrgicas programadas y determinadas pruebas médicas que no puedan aplazarse también pueden justificar una solicitud.

En el ámbito familiar, la normativa permite alegar responsabilidades relacionadas con el cuidado de hijos menores de 12 años, personas dependientes o familiares que necesiten asistencia directa. No obstante, estas circunstancias deben justificarse y no siempre implican una exención automática.

Asimismo, pueden valorarse acontecimientos familiares especialmente relevantes que no puedan posponerse o cuyo aplazamiento provoque perjuicios económicos importantes.

Las obligaciones laborales también pueden constituir una causa válida. Es el caso de determinados profesionales que deban prestar servicios esenciales durante la jornada electoral, como sanitarios, bomberos o trabajadores de protección civil, cuando su sustitución resulte especialmente complicada.

También se contemplan supuestos específicos para directores de medios de comunicación de información general y responsables de servicios informativos que deban garantizar la cobertura electoral.

Siete días para presentar alegaciones

Los ciudadanos que consideren que no pueden cumplir con esta obligación tienen siete días desde la recepción de la notificación oficial para presentar sus alegaciones ante la Junta Electoral de Zona correspondiente.

La solicitud deberá acompañarse de los documentos que acrediten las circunstancias alegadas, como informes médicos, certificados laborales o justificantes familiares. También existe la posibilidad de realizar el trámite por vía electrónica mediante los sistemas de identificación admitidos.

Una vez presentada la documentación, la Junta Electoral dispone de cinco días para resolver si acepta o rechaza la petición. Presentar una alegación no significa quedar automáticamente liberado: es necesario que la autoridad electoral la admita.

Si el impedimento aparece después de que haya vencido el plazo inicial, deberá comunicarse lo antes posible a la Junta Electoral de Zona, siguiendo los procedimientos previstos legalmente.

Las consecuencias de no presentarse el 29-N

La advertencia más importante afecta a quienes decidan ignorar su nombramiento. El artículo 143 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece consecuencias penales para los presidentes, vocales y suplentes que no comparezcan, abandonen sus funciones sin causa legítima o incumplan injustificadamente las obligaciones de aviso.

La pena prevista oscila entre tres meses y un año de prisión o una multa de seis a 24 meses. No se trata de una sanción automática, sino de un delito cuya existencia y eventual castigo deben determinarse judicialmente.