La UDEF vincula el presunto fraude electoral en Melilla con fondos públicos
Los investigadores sitúan a Aberchán en la cúspide de una supuesta estructura que habría utilizado contratos menores y comisiones del 10 % para financiar la compra de votos y conservar el poder institucional
El expresidente de Melilla Mustafa Aberchán
La investigación del caso Santiago-Rusadir dibuja un circuito que empezaría y terminaría en las arcas de Melilla. Según el informe de la UDEF adelantado por El Faro de Melilla, la presunta compra de votos a favor de Coalición por Melilla habría servido para controlar los recursos públicos con los que se financiaba.
Los agentes sitúan a Mustafa Aberchán al frente de esa supuesta organización. El atestado, fechado el 14 de septiembre, examina 371 contratos menores y una subvención de empleo joven. Los responsables de las consejerías habrían favorecido a empresarios afines a cambio de comisiones destinadas a sostener la estructura.
La tesis policial abarca las elecciones autonómicas y municipales de 2019 y 2023 y las generales de noviembre de 2019. CpM defiende la inocencia de los investigados y sostiene que no le han notificado este atestado.
Las revelaciones llegan con España a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre y proyectan una sombra inquietante sobre la confianza en la limpieza electoral. La sospecha que debe esclarecer el juzgado alcanza al uso de dinero de los ciudadanos para comprar la voluntad de otros ciudadanos.
La causa se abrió en abril de 2023 y se ha dividido en seis piezas separadas, además del procedimiento principal. Una de ellas examina las adjudicaciones que habrían permitido pagar votos y retribuir a colaboradores. Otra investiga la posible financiación ilegal del partido. El análisis de los teléfonos intervenidos ha alimentado nuevas diligencias.
Aberchán está citado como investigado el próximo 8 de enero en la pieza de financiación. La instructora, Carmen María Perles, ha distribuido las comparecencias de 26 personas y 12 sociedades en cuatro jornadas. Entre los citados figuran siete dirigentes de CpM que tuvieron responsabilidades en el Gobierno autonómico entre 2019 y 2023.
El líder de la formación ya compareció el 23 de octubre y se acogió a su derecho a no declarar. Sus abogados alegaron que todavía carecían de acceso a la totalidad de las actuaciones. Otros investigados citados en esas fechas siguieron la misma estrategia por consejo de sus defensas.
Aberchán fue detenido en marzo de 2024 y permaneció 72 días en prisión provisional. La investigación mantiene pendientes de esclarecer las responsabilidades individuales y el recorrido del dinero. El calendario continuará en diciembre con declaraciones sobre un presunto blanqueo y, en enero, con las comparecencias relativas a la financiación de CpM.