La inquietante decisión que podrán tomar los maquinistas ante un riesgo grave por un decreto ley del Gobierno
El Ejecutivo aprueba una nueva norma tras la tragedia de Urda, que dejó 69 fallecidos, y otorga a los conductores una facultad que puede cambiar la circulación ferroviaria en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page,
El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley que introduce una novedad en la seguridad ferroviaria española: los maquinistas podrán decidir detener un tren en plena circulación o negarse a iniciar su recorrido cuando detecten un riesgo grave e inminente. Una facultad que llega después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que perdieron la vida 69 personas, y que abre interrogantes sobre las responsabilidades jurídicas si una decisión de este tipo termina provocando un incidente.
La medida, aprobada este martes 10 de noviembre por el Consejo de Ministros, forma parte de un paquete de reformas impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Carlos Cuerpo, después de mantener distintas reuniones con los representantes sindicales del sector.
La nueva regulación reconoce expresamente el derecho de los profesionales que desempeñan funciones de seguridad operacional a adoptar medidas inmediatas para evitar situaciones peligrosas. Esto incluye interrumpir la marcha de un convoy con pasajeros a bordo o impedir que un tren comience su recorrido cuando las circunstancias representen una amenaza grave para la seguridad.
Sin embargo, la decisión no podrá adoptarse de manera arbitraria. El decreto exige que las actuaciones sean necesarias, proporcionadas y conformes a las normas de circulación ferroviaria. Además, los trabajadores deberán comunicar lo sucedido sin demora a los responsables correspondientes, aunque podrán actuar inmediatamente cuando la urgencia lo requiera.
La modificación introduce también una protección laboral para los profesionales que adopten estas decisiones, con el objetivo de evitar que puedan sufrir represalias por advertir de situaciones peligrosas.
Pero aquí aparece una cuestión jurídica especialmente relevante: ¿qué sucedería si un maquinista detiene un tren ante un peligro que finalmente resulta inexistente? ¿Y si esa decisión provoca daños o compromete la circulación de otros convoyes?
El real decreto-ley introduce el principio de "cultura justa", destinado a favorecer la comunicación de errores, anomalías e incidencias sin que los trabajadores sean castigados injustificadamente por informar de ellas.
No obstante, esa protección tiene límites importantes. La norma establece que no se aplicará cuando exista una conducta dolosa o una negligencia grave que haya provocado daños previsibles o comprometido seriamente la seguridad ferroviaria.
Y hay un aspecto fundamental: la protección reconocida a los maquinistas no equivale a inmunidad penal o civil.
Esto significa que, si una decisión de detener un tren acabara desencadenando un accidente, sería necesario investigar las circunstancias concretas para determinar si la actuación estuvo justificada, si se respetaron los protocolos y si existió alguna negligencia susceptible de generar responsabilidades.
Por ejemplo, una parada inesperada en un punto comprometido de la infraestructura podría exigir actuaciones adicionales de protección y coordinación con los responsables de circulación. Del mismo modo, una interpretación equivocada de una incidencia podría ocasionar interrupciones en el servicio y afectar a otros trenes.
El decreto también introduce una garantía para los profesionales: la existencia de un accidente grave no será suficiente, por sí sola, para considerar que el conductor actuó con negligencia. Esa circunstancia deberá acreditarse y justificarse expresamente.
Por tanto, si un maquinista decide detener un tren ante indicios razonables de peligro, cumple las normas de circulación y comunica lo sucedido, no debería ser sancionado únicamente porque después se compruebe que la amenaza no tenía la gravedad inicialmente estimada.
La situación sería distinta si se acreditase una actuación deliberadamente incorrecta o gravemente negligente. En ese caso, podrían derivarse consecuencias laborales, administrativas, civiles o incluso penales, dependiendo de los hechos y de los daños ocasionados.
El decreto tampoco elimina las posibles responsabilidades de las empresas ferroviarias, de los administradores de infraestructuras o de otros profesionales encargados de garantizar la seguridad de la circulación.
Además de esta nueva facultad, el Gobierno modifica las reglas utilizadas para calcular los tiempos de conducción. Se contabilizarán las maniobras realizadas con el tren en movimiento y determinadas interrupciones inferiores a 45 minutos, incluso cuando el profesional haya quedado temporalmente relevado de la responsabilidad del vehículo.
También se incluirán algunas pausas superiores a ese tiempo relacionadas con pruebas, ensayos o verificaciones, así como los periodos de conducción desarrollados en otras redes ferroviarias. Estas modificaciones del cómputo de tiempos comenzarán a aplicarse el 11 de mayo de 2027.
La reforma amplía igualmente las capacidades de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Las empresas deberán facilitar el acceso de los inspectores a instalaciones, trenes y equipos cuando resulte necesario para comprobar las condiciones de seguridad, incluso cuando pertenezcan a entidades distintas de la supervisada.
En materia laboral, el Ejecutivo extiende determinados beneficios relacionados con los coeficientes reductores de la edad de jubilación y contempla revisar su posible aplicación a otras categorías profesionales expuestas a condiciones especialmente peligrosas, tóxicas o penosas.
La nueva regulación entra en vigor este miércoles 11 de noviembre, salvo las disposiciones sobre tiempos de conducción cuya aplicación se ha aplazado.