El CNI solicita a Marruecos autorización para revelar a la Justicia los informes secretos sobre Ceuta
Los servicios de inteligencia españoles remitieron la petición a Rabat el 30 de octubre y todavía no han recibido autorización para entregar las comunicaciones que reclama la juez María Tardón.
Esperanza Casteleiro,, directorA del CNI
La investigación judicial sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta tiene un nuevo frente abierto: Marruecos. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha solicitado a los servicios secretos del país vecino autorización para trasladar a la Audiencia Nacional las comunicaciones que mantuvieron con España en relación con la crisis fronteriza del pasado verano.
La solicitud fue remitida el 30 de octubre, tres días después de que la magistrada María Tardón reclamara al Gobierno nueva documentación para avanzar en las pesquisas. Sin embargo, no consta que las autoridades marroquíes hayan respondido a la petición española.
El Consejo de Ministros aprobó este martes, 10 de noviembre, una nueva desclasificación de documentos relacionados con aquellos acontecimientos, a propuesta del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y de la titular de Defensa, Margarita Robles. No obstante, las respuestas de los servicios de inteligencia marroquíes han quedado fuera de la documentación autorizada.
Las restricciones de Marruecos
El obstáculo reside en las condiciones de confidencialidad establecidas por los servicios de inteligencia marroquíes. La información facilitada al CNI está sujeta a restricciones que impiden su utilización en procedimientos judiciales sin el consentimiento de quien la proporcionó.
El Gobierno se ampara en la denominada third party rule, una norma de cooperación entre organismos de inteligencia que limita la difusión de información recibida de otros países. Su aplicación deja pendiente de la autorización de Rabat la incorporación de esas comunicaciones a la causa que instruye la Audiencia Nacional.
Los documentos podrían resultar relevantes para determinar qué información manejaban las autoridades marroquíes antes de que se produjera la entrada masiva de inmigrantes y qué actuaciones llevaron a cabo tras recibir las advertencias españolas.
El CNI avisó a Marruecos un día antes
La documentación desclasificada en septiembre reveló que la inteligencia española había detectado movimientos en redes sociales para promover una entrada multitudinaria en Ceuta coincidiendo con la celebración de la Fiesta del Trono de Mohamed VI.
A las 18:26 horas del 29 de julio, el CNI remitió una comunicación urgente a sus interlocutores marroquíes. Para entonces, los servicios secretos españoles ya habían identificado comunidades digitales que agrupaban a unos 180.000 usuarios.
Las primeras advertencias a las autoridades gubernamentales españolas se remontaban al 27 de julio. Dos días después, el CNI también mantuvo comunicaciones con la Delegación del Gobierno en Ceuta y la Guardia Civil.
Según ha desvelado The Objective, la nueva desclasificación comprende un total de 13 documentos: ocho notas de inteligencia del CNI acompañadas de sus correspondientes acuses de recibo, cuatro informes enviados al espionaje marroquí y un documento de inteligencia militar. Los justificantes de recepción permitirán a la juez determinar qué organismos españoles recibieron las advertencias y en qué momento tuvieron conocimiento de ellas.
Dos agentes del CNI declararán ante la Audiencia Nacional
El nuevo acuerdo del Consejo de Ministros contempla igualmente la declaración como testigos de dos agentes del CNI que intervinieron en las comunicaciones relacionadas con la crisis fronteriza.
Sus testimonios permitirán a la magistrada profundizar en el intercambio de información entre los servicios de inteligencia y las autoridades encargadas de la seguridad de la frontera.
El Ejecutivo también ha autorizado la desclasificación parcial de un informe de inteligencia militar elaborado el 4 de agosto, aunque mantendrá bajo secreto determinados contenidos por razones de seguridad nacional.
Mientras tanto, sigue pendiente la respuesta de Marruecos a la solicitud española del 30 de octubre. Su autorización permitiría incorporar a la investigación judicial las comunicaciones remitidas por el espionaje marroquí en relación con la crisis de Ceuta.