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Un escándalo de 6.000 millones amenaza a Margarita Robles a días del 29N: Anticorrupción va detrás de ella

La Fiscalía analiza posibles irregularidades en adjudicaciones y préstamos públicos vinculados a Indra y Escribano Mechanical & Engineering. La denuncia apunta a un posible patrón de concentración de fondos, ya que estas empresas recibían la inmensa mayoría de contratos

La ministra de Defensa, Margarita RoblesAnanda Manjon

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La campaña electoral del 29N suma un nuevo frente para el Gobierno de Pedro Sánchez. La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas diligencias sobre posibles irregularidades en contratos y programas de modernización militar del Ministerio de Defensa por más de 6.000 millones de euros. Las pesquisas afectan a adjudicaciones y financiación pública vinculadas a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa de los hermanos Ángel y Javier Escribano, y sitúan bajo el foco la gestión de los fondos destinados a la industria militar durante la etapa de Margarita Robles al frente del departamento.

La investigación sobre el ministerio de Margarita Robles, según ha publicado El Independiente, comenzó en enero de 2026 después de una denuncia presentada en diciembre. El escrito alertaba de un posible patrón de adjudicaciones favorables a ambas compañías desde 2020 y señalaba posibles delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros. La cifra que concentra la atención es de alrededor de 6.077 millones de euros: según los cálculos incluidos en la denuncia, esa cantidad del conjunto de programas analizados habría terminado en Indra, Escribano o uniones temporales de empresas en las que participan. La investigación trata de determinar si las adjudicaciones y los mecanismos de financiación se ajustaron a la legalidad y si existió una concentración irregular de recursos públicos.

Entre los expedientes cuestionados figura el programa de vehículos de combate 8x8, adjudicado en agosto de 2020 por unos 2.100 millones de euros a TESS Defence, un consorcio integrado por Indra, EM&E, Santa Bárbara Sistemas y SAPA. También aparece el programa SILAM, el sistema lanzacohetes de alta movilidad, adjudicado en diciembre de 2023 por 576 millones de euros a una UTE formada por EM&E y Rheinmetall Expal. El contrato terminó siendo anulado en septiembre de 2025.

La denuncia contra el ministerio de Margarita Robles sostiene que varias adjudicaciones se tramitaron mediante procedimientos negociados sin publicidad o con una competencia limitada, al amparo de excepciones previstas para proteger intereses esenciales de seguridad nacional. El escrito cuestiona que ese mecanismo se utilizara de forma reiterada y plantea dudas sobre la justificación de algunas decisiones. Anticorrupción deberá determinar si los procedimientos estuvieron debidamente motivados y si se respetó la normativa aplicable.

Otro de los aspectos más delicados de la denuncia al ministerio de Margarita Robles es el sistema de financiación de los programas militares. En octubre de 2025, el Gobierno aprobó 6.890 millones de euros en préstamos destinados a 18 proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas. Según el desglose recogido en el escrito, 6.515 millones de esa partida -el 94,5%- habrían recaído en Indra, sus filiales o consorcios en los que participa. Esta cifra corresponde al reparto de los préstamos aprobados en aquellos tres decretos. La denuncia calcula, por otra parte, que unos 6.077 millones del conjunto de programas analizados habrían terminado en Indra, Escribano o sus alianzas empresariales. Son dos cálculos con perímetros distintos y no deben confundirse.

Las condiciones financieras también están bajo examen. Los préstamos contemplaban un interés fijo del 0% y, con carácter general, no exigían avales ni garantías patrimoniales. Además, los decretos permitían anticipar determinadas cantidades antes de que algunos contratos estuvieran formalizados definitivamente. La denuncia cuestiona si estas condiciones ofrecían suficientes garantías al dinero público y si el sistema de concesión y reparto de los fondos respetó los controles exigibles. Santa Bárbara Sistemas, uno de los competidores del sector, recurrió ante el Tribunal Supremo las normas que regulaban estos préstamos, una impugnación que fue admitida a trámite.

La Fiscalía encargó a la Intervención General del Estado que examinara la regularidad de los expedientes. El primer informe fue entregado en abril de 2026 y Anticorrupción trabaja con un segundo análisis más amplio para profundizar en las adjudicaciones y en las condiciones de financiación. Las diligencias llegaron a ser remitidas al Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, que investiga una operación relacionada con la venta de respiradores al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria durante la pandemia. Sin embargo, el magistrado consideró que las denuncias sobre los contratos de Defensa no podían incorporarse a esa causa por no guardar relación suficiente con los hechos investigados. Las actuaciones regresaron así a la Fiscalía Anticorrupción, que continúa con sus pesquisas.

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La investigación coloca bajo presión política a Margarita Robles, titular de Defensa durante buena parte del periodo al que se refieren los contratos. Aunque las diligencias no implican por sí mismas que la ministra esté investigada personalmente ni que haya cometido irregularidad alguna, el caso afecta a la gestión de su departamento y al destino de miles de millones de euros destinados a modernizar las Fuerzas Armadas. El momento tampoco resulta menor para el Ejecutivo. A pocos días de las elecciones del 29N, la apertura de este frente sobre contratos militares, adjudicaciones y préstamos públicos añade preguntas sobre la transparencia en el reparto de los recursos destinados a Defensa.