Tolón se escuda en un informe jurídico, pero sigue sin mostrar el permiso para alquilar su VPO
La ministra de Educación defiende en un debate electoral que comunicó el arrendamiento a la Junta. El periodista que destapó el caso asegura que su abogado reconoció no disponer de la autorización administrativa
La ministra Milagros Tolón, en una imagen de archivo
La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha tenido que dar explicaciones sobre el alquiler de su vivienda de protección oficial en Toledo. Lo ha hecho durante un debate electoral con sus adversarios políticos, pero sin despejar la principal incógnita de la investigación destapada por Artículo14: si la Junta de Castilla-La Mancha autorizó el arrendamiento.
Carlos Velázquez, candidato del PP al Congreso por Toledo, ha exigido explicaciones a la socialista por los ingresos obtenidos con una vivienda que continúa sometida al régimen de protección oficial. Tolón ha respondido que no ha ocultado su patrimonio y que actuó conforme a los informes jurídicos que solicitó.
"Ni negocio, ni ocultación, señor Velázquez", ha replicado la ministra, que sostiene que el alquiler se produjo "previa comunicación a la Administración competente". También ha insistido en que dispone de un informe jurídico favorable y ha acusado al candidato popular de utilizar la controversia con fines electorales.
El abogado y la autorización que no aparece
La respuesta de Tolón ha tenido una segunda réplica fuera del debate. Javier Chicote, periodista de Artículo14 que destapó el caso, ha explicado en laSexta que habló con el abogado de la ministra antes de publicar la información.
Según su relato, el letrado reconoció haber realizado una consulta a la Junta y deducido de su respuesta que el alquiler era posible. Sin embargo, no le facilitó una autorización administrativa expresa.
Chicote ha señalado además una diferencia en las explicaciones públicas de Tolón: la ministra asegura que pidió autorización, pero no ha acreditado que se la concedieran.
La vivienda fue adquirida en 1998 y mantiene su protección hasta noviembre de 2027. Tolón sostiene que comenzó a alquilarla después de catorce años, circunstancia que, según su informe jurídico, permitiría el arrendamiento.
La controversia depende ahora de un documento: la resolución o el visado administrativo que resultase exigible. Ni la declaración fiscal de los ingresos ni un informe jurídico privado sustituyen por sí solos esa acreditación. Tampoco su ausencia pública demuestra que el alquiler fuera irregular. La pelota está en el tejado de la ministra.