Iustitia Europa logra que el Supremo exija al Gobierno en 48 horas garantías de seguridad para el 29N con el DNI digital
El Alto Tribunal requiere a Interior que certifique los controles realizados sobre los 61.603 teléfonos móviles contratados por siete millones de euros para verificar el DNI digital en las mesas electorales.

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa
A solo doce días de las elecciones generales del 29 de noviembre, Iustitia Europa ha conseguido un nuevo avance judicial en su ofensiva para garantizar la seguridad del proceso electoral. El Tribunal Supremo ha requerido al Ministerio del Interior que acredite si los 61.603 dispositivos destinados a verificar la identidad de los votantes mediante el DNI digital han superado los controles de seguridad exigidos por la legislación vigente.
En una providencia fechada este martes, 17 de noviembre, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal concede un plazo de dos días desde la notificación a la directora general de Política Interior para que certifique, bajo su responsabilidad, si se han efectuado dichas comprobaciones.
En caso afirmativo, Interior deberá aportar la documentación técnica que justifique el cumplimiento del artículo 22 del Real Decreto 311/2022, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
Un contrato de emergencia de siete millones de euros
En el centro del procedimiento se encuentra un contrato adjudicado por la vía de emergencia a Telefónica Defensa y Seguridad por importe de 7.000.455 euros para el alquiler de 61.603 teléfonos móviles destinados a comprobar los códigos QR generados por la aplicación MiDNI.
Iustitia Europa reclama conocer quiénes son los fabricantes y suministradores de estos dispositivos, así como sus características técnicas y las garantías de seguridad que ofrecen.
El presidente de la formación, Luis María Pardo, ha destacado el alcance del requerimiento judicial: "Hoy hemos conseguido que el Tribunal Supremo exija al Gobierno que acredite la seguridad de los 61.603 dispositivos con los que se pretende identificar a los españoles en las urnas".
"Queremos conocer la marca y el modelo de los teléfonos, las verificaciones realizadas y las garantías de seguridad que ofrecen. Estamos hablando de un contrato de siete millones de euros y de un procedimiento que afecta directamente a la identificación de los votantes", ha añadido.
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El Supremo, pendiente de resolver sobre el DNI digital
Las actuaciones impulsadas por Iustitia Europa se remontan al pasado mes de agosto, cuando la formación acudió a la Junta Electoral Central para solicitar garantías sobre la identificación digital de los electores.
Tras examinar la documentación facilitada por distintos organismos oficiales, entre ellos la Dirección General de Política Interior y la Dirección General de la Policía, la formación trasladó el asunto al Tribunal Supremo.
Iustitia Europa también ha aportado un dictamen pericial elaborado por un ingeniero de Telecomunicación especializado en ciberseguridad, centrado en las garantías de autenticidad del sistema MiDNI y sus mecanismos de verificación de identidad.
El requerimiento del Supremo se produce antes de resolver sobre la medida cautelar solicitada por la formación. Por el momento, el tribunal no ha determinado que existan deficiencias de seguridad en los dispositivos, sino que exige a Interior que certifique si se han realizado los controles obligatorios y, en su caso, aporte las pruebas documentales correspondientes.
"Cada voto merece la máxima protección y cada elector, todas las garantías", ha reivindicado Luis María Pardo.