Sánchez obliga a incluir a inmigrantes en regularización en un plan de 32 millones con cargo a los presupuestos prorrogados
Educación exige a las comunidades autónomas reservar el 30% de un reparto extraordinario de 107 millones para colectivos vulnerables, entre los que incluye expresamente a estos inmigrantes.
Pedro Sánchez
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A diez días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno de Pedro Sánchez ha publicado el reparto extraordinario de 107.392.798,26 euros entre las comunidades autónomas para financiar acciones de formación profesional. Entre las condiciones que deberán cumplir las administraciones autonómicas figura la inclusión expresa de los inmigrantes acogidos al proceso de regularización extraordinaria.
La resolución, publicada este jueves 19 de noviembre recoge el acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para Personas Trabajadoras.
El departamento que dirige Milagros Tolón establece que las comunidades autónomas deberán destinar, como mínimo, el 30% de los fondos asignados a determinados colectivos vulnerables. Una exigencia que supone reservar al menos 32.217.839 euros del presupuesto total.
Los inmigrantes en regularización, incluidos expresamente
En el apartado b) del compromiso de colaboración, Educación incorpora expresamente a las "personas integradas en el proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas inmigrantes" entre los colectivos destinatarios de esta reserva presupuestaria.
La resolución no determina qué cantidad concreta deberá destinarse a estos inmigrantes, puesto que la partida también comprende a otros colectivos en situación de vulnerabilidad o con dificultades para acceder al mercado laboral.
Las acciones formativas permitirán obtener acreditaciones profesionales completas o parciales y estarán orientadas a mejorar las competencias laborales de sus beneficiarios.
Más de 107 millones con cargo a los presupuestos prorrogados
La financiación de este reparto extraordinario procede de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para el ejercicio 2026.
El Ministerio de Educación condiciona la utilización de los recursos al cumplimiento de una serie de compromisos por parte de las administraciones autonómicas, entre los que figura el citado porcentaje mínimo destinado a colectivos vulnerables.
Las comunidades deberán comprometer los fondos antes del 31 de diciembre de 2026 y presentar posteriormente la documentación justificativa de su ejecución presupuestaria, detallando las obligaciones reconocidas y los pagos efectuados.
El plazo para remitir esta información al Ministerio de Educación finalizará el 31 de marzo de 2027.