Iustitia Europa logra que el Supremo blinde la suspensión del voto a más de 162.000 beneficiarios de la 'ley de nietos'

El Alto Tribunal ordena garantizar la exclusión del censo de los afectados, incluso aunque residan en España, tras las reclamaciones de Iustitia Europa por las discrepancias detectadas en los informes del INE.

Imagen de una urna en unas elecciones.JUNTA DE ANDALUCÍA

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A nueve días de las elecciones generales del 29N, Iustitia Europa ha conseguido una nueva victoria judicial en su batalla contra la aplicación electoral de la 'ley de nietos' del Gobierno de Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo ha dictado este viernes una providencia en la que ordena garantizar que las 163.355 personas afectadas por la suspensión cautelar del derecho al voto no puedan acudir a las urnas, independientemente de su lugar de residencia, salvo que acrediten ser descendientes de exiliados.

La novedad es que residir en España tampoco permitirá sortear la suspensión. El Alto Tribunal ha ordenado expresamente a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral que garanticen la aplicación íntegra de las medidas cautelares obtenidas por Iustitia Europa el pasado 10 de septiembre.

La decisión llega después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) redujese de 163.355 a 113.326 el número de afectados por la suspensión cautelar. El organismo había detectado que en el listado original figuraban menores de edad, personas duplicadas e incluso ciudadanos que ya estaban inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) antes de la aprobación de la normativa.

Sin embargo, el pasado 17 de noviembre, Iustitia Europa denunció que existían 35.925 registros cuya situación censal no había sido suficientemente esclarecida por la Administración. La formación reclamó entonces al Supremo que determinase su situación y garantizase el cumplimiento de las medidas cautelares tanto dentro como fuera de España.

Ahora, tras calificar de "difícil comprensión" los informes remitidos por la Administración y analizar las alegaciones presentadas por Iustitia Europa y Vox, el Supremo ha ordenado que ninguno de los afectados pueda figurar como elector en cualquiera de los dos censos.

Las únicas excepciones serán las 901 personas que ya han presentado una certificación consular que acredita su condición de descendientes de exiliados y aquellas que consigan aportar dicha documentación antes de la jornada electoral. A fecha de este viernes, por tanto, la suspensión afecta a 162.454 personas del listado inicial.

"Mientras estamos inmersos en una campaña electoral, seguimos trabajando en los tribunales para garantizar la limpieza y la legalidad del proceso electoral. Llevamos casi cinco meses exigiendo explicaciones, revisando documentación y presentando acciones judiciales. Hoy el Supremo vuelve a dar respuesta a nuestras reclamaciones", ha destacado Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa y candidato al Congreso por Madrid. La formación ha anunciado que continuará vigilando el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales hasta el mismo día de las elecciones generales.

Los padres no podrán votar, pero sus hijos sí

e¿Y qué supone esta noticia en la práctica? Para empezar, Esta nueva resolución no modifica, sin embargo, la decisión adoptada el pasado miércoles por el Supremo respecto a los alrededor de 190.000 hijos de los beneficiarios de la 'ley de nietos', a quienes sí se permitirá votar en las elecciones generales.

El Alto Tribunal rechazó entonces el recurso presentado por Vox fundamentalmente por la falta de tiempo para acometer una nueva revisión del censo electoral, llegando a reconocer que, de haberse solicitado antes, su respuesta podría haber sido distinta.

Para entender el alcance de ambas resoluciones basta con imaginar el caso de una familia argentina. Un padre que obtuvo la nacionalidad española gracias a la 'ley de nietos', pero que no acreditó ser descendiente de exiliados y está afectado por la suspensión, no podrá votar el 29N, ni siquiera aunque se haya trasladado a vivir a Madrid. Sin embargo, su hijo mayor de edad, que consiguió posteriormente la nacionalidad española gracias a la de su padre y figura en el censo electoral, sí podrá hacerlo.

La paradoja es que podrá votar quien obtuvo la nacionalidad gracias a su progenitor, pero no el progenitor que hizo posible esa nacionalización.

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Por otro lado, el Supremo ha dado de plazo hasta el próximo lunes a las 15.00 horas para presentar alegaciones sobre la documentación remitida por el Ministerio del Interior en relación con el uso de la aplicación MiDNI para identificarse ante las mesas electorales, otra de las cuestiones que Iustitia Europa ha llevado ante el Alto Tribunal.