Iustitia Europa logra que el Supremo mantenga abiertas dos vías cautelares sobre el DNI digital y el voto de la Ley de Nietos
El Alto Tribunal rechaza la suspensión inmediata, pero da a la Junta Electoral Central hasta el viernes 13, a las 15:00 horas, para presentar alegaciones antes de las elecciones del 29-N.
El Presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo
Iustitia Europa ha conseguido que el Tribunal Supremo mantenga abiertas dos vías cautelares relacionadas con las garantías electorales de los comicios generales del próximo 29 de noviembre. Las actuaciones afectan a dos cuestiones especialmente sensibles: la utilización del DNI digital para identificarse en las mesas electorales y la situación de los ciudadanos nacionalizados mediante la conocida como Ley de Nietos que han pasado del censo de residentes en el extranjero al de residentes en España.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado este martes, 10 de noviembre, dos providencias en las que deniega las medidas cautelarísimas solicitadas por Iustitia Europa, pero permite que continúe la tramitación de las medidas cautelares ordinarias.
En ambas resoluciones, el Alto Tribunal establece que la Junta Electoral Central (JEC) tendrá hasta el viernes 13 de noviembre, a las 15:00 horas, para personarse en los procedimientos y presentar las alegaciones que considere oportunas.
La decisión supone que las reclamaciones de Iustitia Europa continúan pendientes de resolución judicial a menos de tres semanas de las elecciones generales. No obstante, el Supremo todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de las cuestiones planteadas ni ha acordado ninguna de las suspensiones solicitadas.
El primero de los procedimientos, identificado con el número 2317/2026, se centra en la decisión adoptada por la Junta Electoral Central el pasado 5 de noviembre de levantar la suspensión del uso de MiDNI como mecanismo de identificación de los votantes.
El acuerdo de la JEC se fundamentó en la confirmación del Ministerio del Interior de que las mesas electorales dispondrían de dispositivos con cámara y navegador capaces de utilizar el sistema oficial de verificación del DNI digital.
Sin embargo, Iustitia Europa considera que todavía existen dudas sobre las garantías operativas de este procedimiento y advierte de posibles problemas durante la jornada electoral si no se aplican criterios uniformes en todas las mesas.
La formación sostiene que la falta de un protocolo homogéneo podría provocar incidencias técnicas, diferencias en los procedimientos de identificación y dificultades para comprobar la identidad de los electores. Por ello, ha solicitado al Supremo la suspensión cautelar del uso de MiDNI mientras se examinan las garantías del sistema.
El segundo procedimiento, registrado con el número 2318/2026, afecta a las personas que adquirieron la nacionalidad española al amparo de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, y que posteriormente modificaron su inscripción censal.
En concreto, Iustitia Europa reclama que se revise la situación de quienes fueron inscritos inicialmente en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y después pasaron al Censo Electoral de Residentes en España (CER) tras trasladar su residencia habitual a territorio español.
La formación solicita que la Oficina del Censo Electoral efectúe las comprobaciones pertinentes antes de las elecciones del 29 de noviembre para verificar las situaciones censales cuestionadas.
Iustitia Europa considera que estas revisiones deben completarse antes de la votación, ya que una eventual resolución judicial posterior podría plantear dificultades si los sufragios ya se hubieran depositado en las urnas.
El Supremo ha rechazado también en este caso la adopción inmediata de las medidas sin escuchar previamente a la parte contraria, pero ha mantenido abierto el trámite cautelar y ha dado traslado a la Junta Electoral Central.
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha defendido la necesidad de que las garantías electorales se comprueben antes de la jornada electoral y ha advertido de las posibles consecuencias de una resolución tardía.
"Llevamos meses advirtiendo de que las garantías electorales deben comprobarse antes de votar. No podemos esperar al 30 de noviembre para descubrir problemas que debieron resolverse antes del 29N", ha señalado.
Pardo también ha alertado de las dificultades que, a su juicio, podría ocasionar la utilización del DNI digital sin un procedimiento uniforme de verificación en todas las mesas electorales.
"La falta de un protocolo uniforme de verificación del DNI digital puede provocar un auténtico caos en las mesas electorales, con fallos técnicos, criterios contradictorios y dificultades para comprobar la identidad de los votantes", ha advertido.
Respecto a la situación censal de los nacionalizados mediante la Ley de Nietos, el presidente de Iustitia Europa sostiene que las comprobaciones pendientes deben realizarse antes de que los electores ejerzan su derecho al voto.
Su principal preocupación es que, una vez introducidos los sufragios en las urnas y mezclados con el resto, resulte imposible distinguirlos si posteriormente se detectaran irregularidades en las inscripciones cuestionadas.
"Si esos sufragios resultan determinantes para adjudicar escaños, cualquier resolución posterior podría llegar demasiado tarde", ha advertido Pardo.
Las dos providencias del Tribunal Supremo, fechadas el 10 de noviembre y dictadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, establecen el mismo plazo para que la Junta Electoral Central responda a las solicitudes de Iustitia Europa.
La JEC deberá personarse y, en su caso, formular sus alegaciones antes de las 15:00 horas del viernes 13 de noviembre.
Por el momento, el Supremo no ha suspendido ni la utilización de MiDNI para votar ni las inscripciones censales cuestionadas por Iustitia Europa, pero ambas solicitudes continúan su tramitación judicial antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.