Esta legislatura es un fraude

Acaba de comenzar una nueva etapa política en España, después de la celebración de las elecciones generales el pasado 23 de julio. En este comienzo y desde el primer minuto de la constitución de las Cortes Generales, los españoles hemos visto con estupor que los diputados han jurado su escaño de cualquier manera, llevando a cabo un fraude de procedimiento al no seguir la fórmula establecida por el Congreso en el que debe jurar o prometerse el acatamiento a la Constitución.

A esto, hay que añadirle que por decisión propia y sin seguir los términos establecidos, la Presidenta del Congreso ha autorizado la utilización de los idiomas cooficiales pertenecientes a las Comunidades Autónomas, por decisión propia, sin pasar por los trámites reglamentarios, atendiendo a los intereses de un partido, sin inmutarse como si no existieran cauces democráticos ni esperar a los informes al respecto de los letrados de la Cámara.

Por otro lado, todo parece indicar que, si fracasa la sesión de investidura que va a intentar el candidato a la Presidencia del Gobierno designado por el Rey, el siguiente partido más votado va a presentar su candidatura a la Presidencia del Gobierno con unas propuestas distintas a las expresadas en la campaña electoral ante los españoles. Esto que supone vulnerar el contrato político que la sociedad ha aceptado con su voto en las urnas, como el camino que esa formación va a seguir en los 4 años de legislatura.

Pedro Sánchez durante un acto de campaña del PSOE para las elecciones del 23J

En su programa de gobierno, no figuraba ni la amnistía, ni un referéndum de autodeterminación, ni una quita de la deuda de una comunidad autónoma, ni tan siquiera la posibilidad de que se establezca un nuevo modo de financiación autonómica acordado por todos y que no genere Autonomías de primera o de segunda, lo que en sí mismo es un fraude hacia los españoles. Y es que lo que deberían ser conceptos marcados por la Constitución se vulneran sin ton ni son, por el mero hecho de conseguir el gobernar una Nación, desde la conveniencia, sin hacer caso de las leyes y los preceptos que la sustentan, como si esas normas aprobadas por los españoles fueran papel mojado y que el voto emitido en 1978 a una Constitución no existiera.

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¿Alguien se imagina y puede suceder que la institución que salvaguarda la democracia y la Constitución en España como normas fundamentales del Estado, se negara a firmar estos decretos aprobados por las Cortes, dado que su obligación es preservar las leyes y normas constitucionales? Se originaria un conflicto institucional de consecuencias inimaginables porque chocaría la defensa de la Constitución, que por otra parte tiene unos claros mecanismos para ser modificada, con una mayoría política en las Cortes que comete fraude en los términos que puede presentar ante los españoles sus planes de gobierno.

Por último, la oposición tampoco se libra de ayudar a este fraude, porque si realmente quiere defender la Constitución, el español como lengua vehicular, no es entendible que un diputado pintoresco acepte este fraude del sistema hablando en vasco desde la tribuna del Congreso. ¿Entra en el juego de los que quieren o han cometido un fraude?