El futuro de Sánchez depende de Marchena, el juez que nunca se amilana
Moncloa "marca" a la Justicia para evitarse el formidable problema que tiene con las decenas de denuncias y querellas por su negligencia en la epidemia.
Medio centenar de denuncias y querellas ha ido acumulando el Tribunal Supremo contra miembros del Gobierno por la crisis del coronavirus desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo. Una avalancha impulsada por un partido político, Vox, y por sindicatos de funcionarios, asociaciones profesionales, particulares y familiares de víctimas.
En el punto de mira, principalmente, Pedro Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero también otros ministros o el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Como es sabido, las denuncias acumuladas en la Sala Segunda, que preside Manuel Marchena, ponen el foco, entre otros extremos, en la tardanza en activar el estado de alarma, en la aplicación de esta medida excepcional o en la carencia de equipos de protección para diferentes sectores, en particular el sanitario.
Está por ver en qué acaba la ofensiva judicial, cuyo único precedente es el proceso ya archivado por la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, en la causa contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, acusado de prevaricación por permitir la manifestación del 8-M en la capital.
A la magistrada la llamaron de todo, en una operación de descrédito que no acabó de cuajar. Aquel episodio, debe recordarse, provocó una enorme polvareda política. En el Congreso, Sánchez llegó a caer en una clara provocación a los tribunales, al grito de "¡Viva el 8 de marzo!" al mencionar la marcha feminista, el informe de la Guardia Civil y el posterior cese fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos por negarse a filtrar la investigación al Gobierno.
Asimismo, el Gobierno habló de “conspiración” ante las denuncias por las injerencias y purgas del responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ignorando deliberadamente todas sus mentiras, que llegaron a tener en el alero a la directora general de la Benemérita, María Gámez, como cabeza a sacrificar de haberse visto contra las cuerdas el propio ministro.
Con todo esto a sus espaldas, el Gobierno se ha envuelto en un denso silencio. Eso sí, mantiene activa a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado ante los acontecimientos que puedan venir desde el Alto Tribunal.
Pedro Sánchez, asegura su entorno, muestra una confianza absoluta en que “todo quedará en nada”, con un archivo por falta de indicios de delito en la emergencia sanitaria. Esta es la convicción en el círculo más estrecho del presidente que reduce el conflicto a lo que llaman “guerracivilismo” de la “ultraderecha” y a la querencia del partido de Santiago Abascal por un contexto continuo de judicialización de la vida política. “Vox sigue siempre el mismo guión”: son las palabras de un cercano a Sánchez para ahorrase más comentarios.
En sus manos
En buena medida, el Supremo tiene ahora mismo en sus manos el porvenir gubernamental, y Sánchez, tan seguro de sí mismo, puede acabar arrepintiéndose de haber infravalorado el alcance de las acusaciones.
Haciendo uso de una nueva doble vara de medir, en La Moncloa se quejan de un excesivo recurso a las vías judiciales, aunque introducirse en ese jardín sólo les delate, porque ¿acaso existe otro procedimiento en un Estado que respete sus propias reglas democráticas?
El caso se mantiene abierto, por mucho que la sociedad siga más preocupada por ponerse económicamente a salvo que por escrutar las puertas de la Sala Segunda del Alto Tribunal. Pero ese momento llegará. Y, sea cual sea la decisión última, el Gobierno, en el plano político, arrastra fundadas sospechas sobre sus actuaciones y omisiones.
Más todavía después de que Salvador Illa reconociese públicamente que no existía ese “comité de expertos” que durante meses, según afirmaban el presidente del Gobierno y él, guiaba todos sus pasos contra la pandemia.