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EDITORIAL

Ya no se trata de que dimita el fiscal general sino Pedro Sánchez

Según el juez, el correo tuvo como punto de “salida” la Fiscalía General y como “llegada” a la Presidencia del Gobierno desde donde se distribuyó a el diario digital ‘El Plural’ y al entonces portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato

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El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que instruye la causa contra el fiscal general por presunta revelación de secretos, ha aumentado la intensidad del caso de manera exponencial al involucrar directamente a la Presidencia del Gobierno en la filtración del correo electrónico de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso a la Fiscalía.

Según el juez, el correo tuvo como punto de “salida” la Fiscalía General y como “llegada” a la Presidencia del Gobierno desde donde se distribuyó a el diario digital ‘El Plural’ y al entonces portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato.

Pero hay más. El juez cree que esa filtración desde Presidencia del Gobierno tenía una “clara finalidad política”. Es evidente que el objetivo no era dar a conocer a la opinión pública que un señor particular llamado Alberto González Amador tenía problemas con Hacienda, una cuestión sin interés informativo de ningún tipo. Se trataba de usar la relación de pareja de este señor con la presidenta de la Comunidad de Madrid para atacar y desgastar a Isabel Díaz Ayuso, como así ha sucedido.

Medio Gobierno, con la vicepresidenta Montero a la cabeza, han acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de vivir con su novio en un piso pagado con dinero procedente de un fraude fiscal y de mantener una relación con un “delincuente confeso”. Tanto es así que la propia Montero se enfrenta a una demanda de González Amador que es muy probable que pierda.

El juez, al hablar de una “clara intencionalidad política” de la filtración, está en el fondo describiendo una operación de Estado contra una rival política en la que están involucrados, según el juez, dos de las instituciones mas importantes y poderosas: la Fiscalía General y la Presidencia del Gobierno.

En estas circunstancias, ante un auto tan demoledor como el conocido este lunes, ya no solo debería dimitir el fiscal general, que es obvio que sí, sino el propio presidente del Gobierno. Una operación de esta envergadura resulta increíble sin, como mínimo, el visto bueno de Pedro Sánchez. En un país normal no aguantaría ni cinco minutos en la Moncloa, pero el propio Sánchez ha convertido a España en un país que se sale de la normalidad y en el que la democracia se desangra por momentos.

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