El fiscal general del Estado actúa como un vulgar chorizo: no contesta al juez y cuestiona su actuación

El fiscal general del Estado se niega a responder al juez, le acusa de actuar de forma predeterminada, es decir con prejuicios, y considera nula la investigación. Está en todo su derecho, claro, pero el asunto tiene una carga de profundidad tremenda y terrible para la institución a la que representa. Porque Álvaro García Ortiz no se está comportando como un fiscal general sino como un vulgar investigado. Un chorizo de poca monta acusado de robar en un supermercado no se comportaría de manera muy diferente a la de García Ortiz. Se negaría a responder al juez y diría que la justicia le acosa y le persigue de manera injusta.

La diferencia es que eso, dicho y hecho por un vulgar ratero no tiene la más mínima importancia ni trascendencia alguna. En cambio, dicho y hecho por un fiscal general del Estado es un escándalo. El máximo encargado de perseguir el delito no puede poner en tela de juicio la actuación de todo un juez del Tribunal Supremo porque eso supone socavar al Poder Judicial y, en definitiva, la credibilidad de las instituciones del Estado.

El proceso en sí mismo contra el fiscal general es una anomalía. No es normal que la abogacía del Estado le defienda, que todos le paguemos el abogado. No es normal que la acusación del Estado la ejerza un fiscal, un subordinado del imputado. Tanto es así que este miércoles la fiscal del caso ha renunciado a preguntar a García Ortiz. No es normal, en definitiva, que el juez Hurtado tenga que instruir esta causa contra viento y marea: contra la Abogacía del Estado; contra el fiscal del caso y contra el Gobierno, incluido el presidente y todos los ministros que sin disimulo cargan contra la labor del juez.

El daño que está haciendo García Ortiz es demoledor. Por defenderse él y probablemente también por proteger al Gobierno.