Sánchez claudica ante Junts: acuerdo cerrado con Junts que cede el control de la inmigración a Cataluña

El PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo para ceder a la Generalitat de Cataluña el control de la inmigración, según han confirmado fuentes de ambas formaciones. Aunque los detalles específicos del pacto no se han revelado, estas fuentes indicaron que los últimos aspectos se ultimaron este domingo y que el acuerdo se registrará esta semana en el Congreso de los Diputados como proposición de ley, en vez de presentarlo como un proyecto de ley del Gobierno. Así se evita pedir al Consejo de Estado el preceptivo informe que, con mucha seguridad, habría dejado muy mal parada la iniciativa del Ejecutivo. 

Las conversaciones, que se han prolongado durante semanas, han girado en torno a cómo los Mossos d’Esquadra asumirán el control migratorio en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil, inspirándose en el modelo alemán. Desde el PSOE han insistido en que esta cesión respeta la Constitución y las normativas del espacio Schengen. Según el borrador más reciente antes del cierre del acuerdo, los Mossos trabajarán junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en fronteras terrestres, marítimas y aéreas, incluyendo los aeropuertos catalanes.

El pacto establece un modelo de colaboración en el que la policía autonómica catalana desempeña un papel central en el control de la inmigración, aunque según el Gobierno el Ministerio del Interior mantiene la autoridad final. Esto representa un ajuste respecto a la demanda inicial de Junts, impulsada por Carles Puigdemont, que exigía una cesión total de estas competencias, como se pactó con los socialistas hace un año. En su lugar, se ha adoptado un esquema similar al de Alemania con Baviera, con mayor presencia de agentes autonómicos y controles aleatorios.

Contexto de la negociación y su impacto en las relaciones PSOE-Junts

El entendimiento llega tras meses de diálogos iniciados en 2024, cuando Junts puso como condición para apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso la cesión plena del control migratorio. Desde ese momento, las conversaciones han sido un vaivén de avances y desencuentros, poniendo de manifiesto las tensiones entre los dos aliados. El PSOE, forzado a mantener el respaldo de Junts para su estabilidad parlamentaria, ha buscado soluciones que no desborden el marco legal, algo que ha chocado con las expectativas independentistas.

Puigdemont insistió inicialmente en una transferencia completa, pero el Ejecutivo central se resistió por las posibles implicaciones legales y políticas, lo que llevó a episodios de confrontación. Junts llegó a amenazar con bloquear votaciones clave si no se cumplían sus demandas, aumentando la presión sobre Sánchez. El resultado, una cesión parcial con supervisión estatal, ha sido criticado por algunos sectores del PSOE como un exceso de concesión y por parte de Junts como insuficiente frente a sus aspiraciones originales.

El pacto establece un modelo de colaboración en el que la policía autonómica catalana desempeña un papel central en el control de la inmigración, aunque según el Gobierno el Ministerio del Interior mantiene la autoridad final

Este proceso ha tensionado la relación entre el PSOE y Junts, dejando al descubierto las dificultades de alinear los intereses catalanes con las prioridades del Gobierno español. Aunque el pacto pone fin a esta disputa por ahora, la dinámica de exigencias de Junts podría seguir siendo un foco de conflicto en el futuro.