La Audiencia de Sevilla se rebela contra los tejemanejes de Conde Pumpido con los ERE

Los jueces españoles comienzan a estar hasta el gorro de las injerencias del Tribunal Constitucional que, por obra y gracia de Pedro Sánchez y Cándido Conde-Pumpido, se ha convertido o quiere convertirse en algo muy parecido a una instancia superior al Tribunal Supremo.

Ya desde el Tribunal Supremo se ha advertido en varias ocasiones a Cándido Conde-Pumpido, que ni él ni los demás magistrados del Constitucional son inmunes a ser investigados por prevaricación si se extralimitan en el ejercicio de sus funciones. No son inviolables. Aviso a navegantes.

Ahora, la Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido algo inédito: acudir al Tribunal Justicia de la Unión Europea (TJUE) mediante una cuestión prejudicial porque considera que las sentencias del Tribunal Constitucional que revisaron y redujeron las condenas en el caso de los ERE de Andalucía podrían ser incompatibles con el Derecho de la Unión Europea. Este movimiento responde a dudas sobre si el Constitucional se extralimitó en sus funciones y vulneró principios fundamentales de la UE, como la lucha contra la corrupción y la protección de los intereses financieros europeos.

En otras palabras, la Audiencia de Sevilla entiende que la sentencia de los ERE es en realidad un indulto encubierto o disfrazado. El indulto concedido por el Gobierno a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán planeó durante meses sobre el caso de los ERE. Eso hubiera conllevado un fuerte desgaste político para Pedro Sánchez, mientras que la jugada del Tribunal Constitucional le permitió incluso sacar pecho y reivindicar la inocencia del PSOE y de los expresidentes de la Junta, convirtiéndolos casi en mártires de una persecución política.

La maniobra se ve desde muy lejos si hay intención de verla, claro. Sánchez pretende usar al TC como el comodín con el que salir de los atolladeros en los que le meten los tribunales ordinarios de Justicia, convirtiéndole en la última instancia de casación, por encima de Supremo, algo que está muy lejos de sus funciones.

Hay que aclarar que el Tribunal Supremo es el máximo órgano judicial en el orden jurisdiccional ordinario (civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar) y actúa como tribunal de casación, es decir, revisa las sentencias de tribunales inferiores para garantizar la correcta aplicación de la ley y unificar su interpretación.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional no forma parte de la jerarquía judicial ordinaria ni revisa sentencias en el sentido de casación. Su función principal es garantizar la supremacía de la Constitución, resolviendo cuestiones relacionadas con la constitucionalidad de las leyes y protegiendo los derechos fundamentales, por ejemplo, a través del recurso de amparo.

A juicio de muchos juristas, Cándido Conde-Pumpido está traspasando esos límites que la ley establece al Tribunal Constitucional. La Audiencia Provincial de Sevilla así lo entiende y por ello se va a dirigir al TJUE, para que dictamine al respecto. Un hecho de gran relevancia y ahora mismo de consecuencias desconocidas e imprevisibles.