María Jesús Montero cuestiona la presunción de inocencia: debería dimitir

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, ha traspasado un límite intolerable para cualquier responsable público. Este sábado, durante el 16º Congreso Provincial del PSOE en Jaén, ha calificado de “vergüenza” la absolución de Dani Alves por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuestionando que se priorice la presunción de inocencia sobre el testimonio de una víctima. Con un “estamos contigo” dirigido a las víctimas, Montero no solo ha deslegitimado una sentencia judicial, sino que ha atacado uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Sus palabras no son un simple desliz: son un desafío directo a la justicia y a la democracia, y por ello debería dimitir de inmediato.

La presunción de inocencia no es un tecnicismo judicial. Está consagrada en el artículo 24.2 de la Constitución Española, en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es un derecho inalienable que protege a todos los ciudadanos de condenas arbitrarias, garantizando que nadie sea considerado culpable sin pruebas sólidas.

Montero, sin embargo, se lo ha pasado por el arco del triunfo, priorizando un discurso populista que busca el aplauso fácil a costa de la justicia. Al cuestionar la imparcialidad de los jueces y sugerir que el testimonio de una víctima debe prevalecer sobre un principio jurídico universal, la vicepresidenta no solo socava la separación de poderes, sino que alimenta un peligroso precedente: si las sentencias judiciales pueden ser atacadas desde el Ejecutivo por motivos ideológicos, ¿qué queda de la independencia judicial?

El alcance de sus declaraciones es devastador. En un país donde la percepción de la independencia judicial ya está bajo mínimos —España ocupa el puesto 23 en la UE según el informe de justicia de 2023, con un 47% de los ciudadanos considerando que es “bastante o muy mala”—, las palabras de Montero son un auténtico torpedo a la confianza pública en el sistema judicial.

Además, en un contexto de creciente polarización, su discurso aviva la confrontación social, enfrentando la legítima lucha por los derechos de las víctimas con los principios básicos del derecho penal. Este tipo de injerencias políticas no solo debilitan las instituciones, sino que abren la puerta a arbitrariedades que podrían derivar en un Estado donde la justicia se doblegue al poder político.

Montero ha demostrado que no está a la altura de su cargo. Cuestionar la presunción de inocencia no es solo un error: es un atentado contra los cimientos de nuestra democracia. Si le queda un ápice de decencia, debería presentar su dimisión hoy mismo. España no puede permitirse más ataques a su Estado de Derecho.