Gran escándalo silenciado: así fue la encerrona al juez Peinado en La Moncloa que le puso en riesgo

Quizás usted no haya oído hablar nunca del episodio de la retención del juez Juan Carlos Peinado en la entrada de La Moncloa, cuando acudió a tomar declaración a Pedro Sánchez el pasado 30 de julio de 2024. Es un escándalo mayúsculo que ha pasado de puntillas en el debate público, pero que merece una condena rotunda. No estamos ante un simple malentendido logístico, sino ante lo que parece un gesto deliberado de desprecio hacia la justicia por parte del Gobierno, con Sánchez a la cabeza.

Que el magistrado, según relata en su última providencia, fuera retenido un tiempo "sensiblemente superior al necesario", con su integridad física en riesgo por la presencia de personas en las inmediaciones, según cuenta él, mientras el abogado de Begoña Gómez entraba sin demora, dibuja una escena indignante y lamentable, muy al estilo del sanchismo y su acoso a los jueces que investigan al amo o a su entorno. Y lo peor: podría repetirse el próximo 16 de abril, cuando Peinado regrese para interrogar a Félix Bolaños.

El ministro de Justicia y Presidencia, citado como testigo en el caso de Begoña Gómez, ha tenido el descaro de calificar esta comparecencia suya como "una oportunidad" para colaborar con la justicia.

Sin embargo, sus actos contradicen sus palabras. Ha solicitado declarar por escrito, una maniobra que el juez ha rechazado por improcedente, y ahora insiste en que la diligencia se realice en La Moncloa, alegando motivos de seguridad que Peinado ha aceptado a regañadientes. ¿Colaborar? No parece que retener a un juez en la barrera de entrada, como ya ha ocurrido, sea la mejor muestra de cooperación. Más bien huele a una estrategia para controlar el terreno y, de paso, enviar un mensaje de superioridad al poder judicial.

Ningún español de a pie se atreve a desafiar a un juez de esta manera. Pedro Sánchez sí, probablemente porque se cree por encima de él y quiere demostrárselo al mundo. Pero la realidad es tozuda: en una instrucción judicial manda el juez, no el presidente del Gobierno. Más le vale asumirlo, porque tendrá que enfrentarse a la posibilidad de ver a su esposa –muy probablemente– sentada en el banquillo de los acusados en un juicio oral, resultado directo de la investigación de Peinado. La justicia no se doblega a caprichos presidenciales.