María Jesús Montero: reprobada, desbordada y fugitiva

La reprobación de María Jesús Montero en el Senado, aprobada con la mayoría absoluta del PP, no tumbará su silla en el Consejo de Ministros. Es un gesto simbólico, sin efectos prácticos inmediatos. Pero su carga va más allá: se suma a la condena unánime de todas las asociaciones de jueces y fiscales de España, respaldada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sin citarla fustigó su ataque a la presunción de inocencia tras la sentencia absolutoria de Dani Alves.

Cuestionar sentencias desde un mitin, como hizo Montero, no es un lapsus: es una irresponsabilidad que erosiona la independencia judicial y la confianza ciudadana en las instituciones, pilares del Estado de Derecho. Sus disculpas tibias no han apagado el incendio.

Ayer, sin embargo, Montero dio la espantada. Huyó del Senado y de la sesión de control al Gobierno, alegando que había presidido el Consejo de Ministros por la ausencia de Sánchez. Una excusa que no cuela: la vicepresidenta, curtida en mil batallas, prefirió esquivar las preguntas incómodas antes que dar la cara. El PP no tardó en sacar la artillería: a la reprobación le sumaron la falta de Presupuestos —un incumplimiento constitucional histórico—, las 97 subidas de impuestos que achacan a su "infierno fiscal" y el supuesto "cupo separatista" que privilegia a Cataluña. Pero el foco está en ella, en su acumulación de poder y desgaste.

Porque Montero no solo es vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Es vicesecretaria del PSOE, líder del socialismo andaluz y candidata a la Junta en 2026. Tantos cargos para una sola persona explican sus tropiezos: del ataque a los jueces a sus críticas a los médicos de universidades privadas, pasando por su incapacidad para cerrar acuerdos presupuestarios.

¿Nervios? ¿Agotamiento? ¿Estrategia? Sea lo que sea, su huida del Senado pinta a una ministra desbordada. El PP, oliendo sangre, aprieta. La reprobación es simbólica, pero el mensaje es claro: el Senado de España se suma a la censura que de sus ataques a la presunción de inocencia hicieron todas las asociaciones de jueces y fiscales e incluso el CGPJ. Es una ministra achicharrada en un Gobierno agotado.