No podemos permitir que menores españoles vivan como inmigrantes ilegales

Mi hijo tiene tres años. Es alegre, sano, feliz. Nació gracias a un proceso de gestación subrogada legal, ético y judicialmente tutelado. Está reconocido, protegido y vive su infancia con los mismos derechos que cualquier otro niño en este país. Pero hoy escribo no por él, sino por todos los que, a partir de ahora, quedarán en un limbo jurídico, social e institucional por culpa de un Gobierno que ha decidido que hay niños de primera y de segunda.

El 28 de abril, el Ministerio de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez derogó las Instrucciones de 2010 y 2019 que permitían la inscripción de niños nacidos por gestación subrogada. Desde ese momento, se rompe el acceso automático al registro civil y se fuerza a cientos de familias a iniciar procesos judiciales largos, costosos e innecesarios, durante los cuales los menores quedan desprotegidos legalmente.

Pero no fue solo una decisión técnica. Fue una maniobra política, ideológica, profundamente injusta. Y lo más grave: ejecutada con total cálculo. Ese mismo día, España vivió un apagón eléctrico masivo que dejó sin luz ni respuesta a millones de personas durante más de 12 horas. El Gobierno estuvo desaparecido más de siete. Y mientras tanto, en la oscuridad, firmaba la sentencia administrativa que convertía en invisibles a cientos de menores españoles. Así gobierna este Ejecutivo: aprovechando la sombra para desproteger al más vulnerable.

Y lo que resulta grotesco, incluso ofensivo, es el contraste. Hoy en España es más fácil ver sentados en el banquillo a familiares del presidente del Gobierno —imputados por corrupción— que a padres y madres que han tenido hijos por gestación subrogada. Porque, por suerte, la gestación subrogada no es delito. Pero abandonar institucionalmente a menores sí lo será.

Lo más grave, sin embargo, no es solo que el Estado mire a otro lado. Es que lo ha hecho sabiendo que revoca, por instrucción administrativa, derechos que ya habían sido reconocidos por jueces en sentencias firmes. Derechos consolidados que hoy son anulados con una simple firma política. Como si la filiación de un niño fuera reversible. Como si el Estado pudiera deshacer la justicia cuando no encaja en su ideología.

Y si alguien debe acabar respondiendo ante la ley, no serán quienes protegen a sus hijos, sino quienes los han dejado deliberadamente sin protección.

Y aquí hay una verdad que conviene recordar: puedes tener dudas, e incluso estar en contra de la gestación subrogada. Lo que no puedes hacer es negar la filiación entre un menor y quienes le aman y le han traído al mundo. Lo que no puedes hacer es convertir en invisible a un niño porque no te gusta cómo nació. Eso no se llama opinión. Se llama vulneración de derechos humanos.

Aquí no hablamos de debates morales. Hablamos de infancia. De dignidad. De derechos consagrados en la Constitución Española, en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, en las directrices del Consejo de Europa. Ningún niño debe ser castigado por el modo en que vino al mundo. Ningún Estado puede permitirse dejar a sus ciudadanos más pequeños fuera de la ley.

Hoy hay bebés que no pueden ser inscritos. Madres que deben adoptar a sus propios hijos. Padres que no saben si sus hijos tendrán acceso inmediato a un médico o a un colegio. Familias que viven con miedo. ¿De verdad esto es aceptable en una democracia avanzada?

Yo no escribo esto por una bandera. Lo escribo como padre, como ciudadano, y sí, también como afiliado al Partido Popular. Y digo con claridad: ha llegado el momento de actuar. No podemos limitarnos a señalar al Gobierno. Tenemos que dar una alternativa. Legislar. Proteger. Responder. La gestación subrogada es una realidad legal y regulada en más de 30 países, entre ellos Irlanda, Dinamarca, Canadá, Portugal y el Reino Unido. España no puede seguir castigando a quienes deciden formar una familia con amor, voluntad y responsabilidad.

Este país necesita natalidad. Necesita familias. Necesita futuro. Lo que no necesita son 22 ministerios dedicados a blindar intereses personales mientras se desprotege a niños reales y vulnerables. No necesitamos discursos, necesitamos soluciones. No necesitamos eslóganes, necesitamos justicia.

El próximo 15 de mayo se celebra el Día Internacional de las Familias. Las nuestras, por más que incomoden a este Gobierno, también lo son. Y no vamos a dejar de decirlo.

Mi hijo tiene derechos. Pero también son mis hijos todos los que hoy quedan desamparados. Todos los que nacerán sin un país que los abrace. Y por ellos, no nos rendiremos. Ni en lo personal ni en lo político. Porque esta es una causa que nos interpela a todos. Porque esta es, también, una batalla por la libertad.

Ahora es nuestro momento. Actuemos.