¿Con o sin cebolla?

El pasado lunes 28 de abril pasará a la historia de España como el día del “gran apagón”. Sin duda, fue un día en el que una vez más pudimos comprobar cómo los servicios públicos españoles se han deteriorado de una forma preocupante tras los siete años de gobierno de Pedro Sánchez. Es indignante descubrir cómo el aumento en la recaudación, debido al infierno fiscal que sufrimos los españoles, se va diluyendo en pagos para mantener en el gobierno a un presidente preocupado únicamente en su situación personal jurídica y política, sumiendo a los españoles en un continuo caos cotidiano a la hora de utilizar los servicios públicos tanto ferroviarios, de correos o de suministro eléctrico, entre otros.

Si analizamos las distintas situaciones críticas que hemos sufrido los españoles desde que Sánchez es presidente del gobierno, podemos comprobar como la respuesta ha sido siempre la misma: intentar desviar la responsabilidad de su gestión buscando enemigos externos, y sobre todo, ocultar los informes de los técnicos que alertaban de la situación crítica de los servicios públicos.

En la gestión de los servicios ferroviarios con continuas averías y colapsos tanto en los de largo, medio recorrido y cercanías, los ciudadanos hemos comprobado como su funcionamiento es mucho peor que en 2018, fundamentalmente por falta de inversión. Pedro Sánchez, a través del ministro de turno, ha responsabilizado a las empresas privadas, a la meteorología, incluso a campañas “fascistas” cuando millones de españoles se quedaban tirados en las estaciones o durante el trayecto sin recibir explicación racional alguna.

También comprobamos durante la pandemia, que causó 140.000 muertos, que para adoptar medidas que salvaran vidas el gobierno socialista esperó a que transcurrieran las manifestaciones del 8-M. A pesar de los avisos que llegaban desde China o más cerca desde Italia no tuvo previsión de acopiar mascarillas y medios de protección para nuestros sanitarios, que tuvieron que enfrentarse al virus con bolsas de basura improvisadas, y hasta el último momento se negó el gobierno a aconsejar la utilización de mascarillas llegando a acusar a la Comunidad de Madrid por distribuir medios de protección de “excesiva calidad”. Desde luego, es bueno que acudamos a la hemeroteca de los meses de febrero, marzo y abril de 2020 y las comparecencias del nefasto Fernando Simón, para recordar cómo nos trató el gobierno.

Igualmente debemos tener en cuenta que la falta de infraestructuras de prevención de riadas en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar y Segura han causado catástrofes humanitarias en la Comunidad Valenciana, porque con las obras recomendadas por los expertos el barranco del Poyo no se hubiera convertido en el terrible puñal que atravesó diversas comarcas de la provincia de Valencia.

Además, los fallos en AEMET y en la Confederación del Júcar, por falta de sistemas de alerta fiables, impidieron la toma de decisiones como reconoció en sede judicial la representante del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Pero es más fácil acusar que prevenir, y en ese objetivo de eludir responsabilidades Sánchez y sus sanchistas son verdaderos expertos.

Podemos seguir hablando de la gestión en el servicio en la empresa estatal de Correos con unas pérdidas en el año 2024 de 522 millones de euros o la decisión del ministerio de sanidad gestionado por la ministra Mónica García de no financiar medicamentos contra el cáncer, fundamentalmente para luchar contra la leucemia, todo lo cual pone de manifiesto el deterioro de los servicios públicos gestionados por militantes socialistas que solo aportan como experiencia los años de militancia y su cercanía a Pedro Sánchez.

Pero el último episodio, por ahora, de este deterioro de los servicios públicos fue el “gran apagón” del pasado lunes 28 de abril, en el que España colapsó y Sánchez tardó seis horas en comparecer para no decir nada y hasta la fecha de hoy no hay una explicación oficial. No obstante, los expertos ya están aclarando lo ocurrido y ponen el acento en la nefasta gestión de otra militante socialista, con un sueldo de 546.000 euros al año, la exministra de Zapatero y amiga de Sánchez, Beatriz Corredor. Sánchez tardó en reaccionar, como ha ocurrido en el resto de momentos críticos que hemos sufrido durante estos últimos 7 años, porque lo único que le preocupa es a quién culpar y cómo ocultar su responsabilidad.

Pero un audio indiscreto nos reveló lo que le preocupaba a Pedro Sánchez durante el consejo de seguridad y era conocer cómo le gustaba la tortilla de patata a sus compañeros de mesa, si la preferían con cebolla o sin cebolla. Desde luego, los ciudadanos lo que preferimos es que se invierta en mejorar los servicios públicos, que no nos quedemos tirados en los trenes, que nos lleguen las cartas, que podamos curarnos del cáncer, que no nos aterrorice pensar en las consecuencias de las lluvias o nevadas, que mueran personas por no tener fluido eléctrico en sus aparatos respiratorios o estemos casi 24 horas sin recibir explicaciones sobre el caos social.

Los españoles no nos merecemos un gobierno que utilice los servicios públicos como medio de colocación con sueldos millonarios a militantes socialistas, o se utilicen las empresas públicas para que cobren sin trabajar las “sobrinas” de los ministros. Nuestros altos impuestos deben destinarse a mejorar la calidad de los servicios y no para pagar favores personales y políticos de Pedro Sánchez, y sinceramente a mi me importa un bledo cómo le gusta la tortilla de patata, si es con o sin cebolla.