La agencia de colocación de Pedro Sánchez fracasa: un apagón y tres imputados

El Gobierno de Pedro Sánchez se tambalea bajo el peso de sus propios nombramientos. La reciente crisis del apagón masivo en la Península ha destapado la fragilidad de un sistema sustentado en lealtades políticas más que en méritos. Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, es el emblema de este modelo: exministra sin experiencia técnica en el sector eléctrico, su designación a dedo por Sánchez, con un salario de 546.000 euros anuales, refleja la prioridad del presidente por la afinidad política sobre la competencia. El apagón no solo dejó a millones a oscuras, sino que expuso la incapacidad de los enchufados para gestionar emergencias.

Pero la sombra del enchufismo se extiende más allá. Begoña Gómez, esposa de Sánchez, está imputada por presunto tráfico de influencias en una investigación que cuestiona su papel en la obtención de fondos públicos para empresas afines. Su hermano, David Sánchez, también enchufado en un cargo en la Diputación de Badajoz sin oposición pública, enfrenta acusaciones similares y está al borde del banquillo.

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado nombrado por Sánchez, completa el trío de imputados. Su investigación por presunta filtración de correos secretos ha dañado el prestigio de la Fiscalía, evidenciando cómo los cargos clave se reparten entre fieles al PSOE, sin importar las consecuencias.

La "agencia de colocación" de Sánchez no solo ha fracasado en eficiencia, sino en ética. Cada escándalo judicial y cada fallo estructural, como el apagón, son recordatorios de un Gobierno que premia la lealtad por encima del talento. Mientras Sánchez se atrinchera, la pregunta es clara: ¿cuántos enchufes más caerán antes de que el sistema colapse?