Sánchez, S.A.: el país al servicio del mandamás

¿Recuerdan cuando el Estado era el árbitro? Hoy es el delantero centro del Gobierno. Y el portero. Y quien lleva las botas. El sanchismo ha conseguido lo que parecía imposible: convertir España en una empresa al servicio de una sola causa —la suya—, con el BOE como folleto publicitario y los ciudadanos como accionistas sin voto. Pagan, pero no mandan.

El Consejo de Ministros ya no gobierna: liquida activos democráticos cada martes, como si fuera una junta de accionistas del holding Sánchez S.A. Se reparten dividendos ideológicos en forma de cheques, decretazos, leyes para contentar socios de investidura y pactos en diferido. No gobiernan: gestionan poder. Y poder es lo único que reparten sin límite.

Las instituciones, antes patrimonio común, han sido colonizadas con descaro. El CIS de Tezanos reconvertido en encuestadora electoral. RTVE, en productora de propaganda infumable. El INE, intervenido. La Fiscalía, investigada y al dictado. El Constitucional, bajo mando del afín Conde-Pumpido, convertido en aduana jurídica del sanchismo. La CNMC, CNMV, la agencia EFE, Renfe, el Banco de España, Correos, Paradores, AENA, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado… Hasta el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo —educado, prudente, cordial—, ya parece más asesor que contrapeso.

El último símbolo de esta deriva: el reparto de cargos como si fueran canapés en un cóctel del Ibex. Aquí no importa el mérito, ni la solvencia. Lo único que cotiza es la obediencia. Ahí tienen a Beatriz Corredor al frente de Red Eléctrica. Telefónica, Hispasat, Indra. Y el trueque de sillones entre socios: Puigdemont manda desde Bruselas, Bildu pasa factura desde el caserío. Hasta la esposa del jefe socialista, Begoña Gómez, es ya un peaje obligado para acceder a rescates públicos con dinero de todos.

Mientras tanto, el Estado engorda: más impuestos, más deuda, más subvenciones. El ciudadano paga la fiesta, pero no está invitado a la barra libre. Todo se maquilla con palabras rimbombantes: “escudo social”, “transición justa”, “igualdad real”. Pero detrás de cada eslogan hay una factura, y detrás de cada factura, un voto comprado.

Y quien protesta, es un facha. Quien alerta del despilfarro, un nostálgico. Quien pide reformas, un antipatriota. Sánchez ha convertido la discrepancia en amenaza. España en una empresa sin oposición. Y la democracia, en una sucursal intervenida. Porque en este régimen de pensamiento único, quien está contra Sánchez no es rival político: es un enemigo del Estado.

No es casual que Isabel Díaz Ayuso despierte tanto odio en La Moncloa. En un tablero lleno de piezas marcadas, ella es la pieza que no encaja: una piedra en el zapato de Sánchez, una gotera en el techo blindado del poder. Mientras el Gobierno reparte favores como vales de supermercado para sobrevivir, Ayuso defiende con valentía una idea provocadora en esta España intervenida: que el ciudadano es mayor de edad. Su Madrid, con todos sus matices, es un escaparate incómodo frente al modelo clientelar del sanchismo resistente. Una vidriera que deja entrar demasiada luz en un sistema triste que prefiere gobernar en penumbra. A. M. BEAUMONT