Hay muchos motivos para manifestarnos

Según la Real Academia de la Lengua, una de las acepciones del término corrupción significa: “práctica consistente en la utilización de las funciones y medios en las organizaciones, especialmente en las públicas, en provecho económico o de otra índole de sus gestores”. Así pues también es un acto de corrupción la utilización para beneficio propio de las instituciones del Estado.

Todo acto corrupto debe de ser objeto de rechazo público y es necesario que se persiga también cuando el provecho sea utilizar las instituciones democráticas para perseguir al que resulte incómodo al poder sea un juez, un fiscal o un guardia civil.

Para una democracia la corrupción económica es despreciable, pero al final la justicia actúa y alcanza a todos, estén donde estén y eso tranquiliza al ciudadano, pero la corrupción de la utilización del poder para destruir a quién tiene la obligación constitucional de controlar al gobierno, utilizando los resortes del Estado, conduce al autoritarismo y eso es letal .

Actualmente sobran los motivos para manifestarnos contra la corrupción generalizada del sanchismo. Existen tramas, bandas, grupos organizados dentro de las estructuras gubernamentales y del partido socialista, que se dedican a atacar a cualquiera que se atreva a investigarles, como se está descubriendo a través de conversaciones grabadas entre los propios integrantes de la banda.

Pero entre estas razones destaca una que está pasando más desapercibida ante la opinión pública y consiste en que hay un Poder, el Ejecutivo, que quiere cambiar desde dentro a otro Poder, el Judicial, para hacerlo más permeable a sus intereses, y para ello utiliza al otro Poder, en este caso el Legislativo.

El propósito es menoscabar la independencia judicial y lograr alcanzar el objetivo: la dependencia del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, así los ciudadanos seremos menos libres y el gobierno más autoritario. En eso consiste los ataques de miembros del Gobierno contra jueces y fiscales que trabajan de forma independiente, y en la línea de colonizar todas las instituciones está la propuesta del ministro Bolaños, cerebro de los ataques a la Justicia, de que la UCO dependa directamente del Fiscal General del Estado.

El asalto al poder judicial que estamos viendo todos los días tiene su origen en una carta, la famosa carta de “un hombre enamorado”, momento en que el presidente del Gobierno planificó la venganza contra jueces y fiscales, abriendo el Parlamento al concepto de Lawfare, aceptando la tesis de que en España existe una justicia prevaricadora, por atreverse a investigar las cloacas familiares, políticas y gubernamentales de Pedro Sánchez.

El PSOE en 1985 ya pronunció la frase “Montesquieu ha muerto”, cuando hizo uso del rodillo de su mayoría absoluta para aprobar el primer hachazo al poder judicial. pero ha sido con este Gobierno cuando el ataque a la independencia del Poder Judicial y todo lo que representa el título sexto de la Constitución de 1978, ha alcanzado su máxima expresión, sin que les de vergüenza tener y mantener al Fiscal General del Estado investigado y con un pie en el banquillo.

Algunos socialistas ya están levantando la voz contra esta deriva autoritaria del Gobierno sanchista, así el que fue presidente de Aragón Lambán ha pedido una reacción cívica, Page ha pedido elecciones generales ante la vergüenza de este Gobierno y el que fue candidato socialista Eduardo Madina ha lamentado el bochorno por lo que se está descubriendo y que afecta de lleno al corazón del PSOE, en estos casos los sectarios ministros ya les han replicado con insultos como es el caso de Óscar Puente que le ha dicho a Madina “no ganarías hoy ni una asamblea de pueblo” y le ha llamado “resentido”.

Pero como ha dicho el presidente electo de Venezuela y exiliado en España, Edmundo González, “el Estado de Derecho no se rompe de un día para otro, se quiebra lentamente”. Así pues hay que escuchar no solo a los socialistas decentes sino también a aquellos que están sufriendo regímenes autoritarios y que saben como empiezan y como acaban.

El Gobierno de Pedro Sánchez está en plena deriva autoritaria y de corrupción, pero la rebelión cívica se acerca llenando las calles de España y, por de pronto, de forma unánime los ciudadanos deberíamos exigir de una vez por todas al PSOE que probara a colaborar con la justicia como algo distinto a su conducta habitual. La decencia no es de izquierdas ni de derechas, es un valor profundamente democrático.