Sánchez sale trasquilado del procesamiento del fiscal general: ¿Quién tiene que pedir perdón ahora?

El auto de procesamiento contra el fiscal general del Estado pone contra las cuerdas a Pedro Sánchez. El juez Hurtado, del Tribunal Supremo, sitúa el origen de la filtración en indicaciones recibidas desde Presidencia del Gobierno, es decir, el núcleo duro de La Moncloa. Y eso, más allá de las implicaciones penales que pueda tener, tiene unas implicaciones políticas de primer orden. Fue Sánchez, Presidencia del Gobierno, en definitiva, el que instó a Álvaro García Ortiz a maniobrar para contrarrestar la versión del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el procedimiento que tenía abierto en la fiscalía por un presunto delito fiscal.

La primera implicación política que tiene el asunto es clara: ¿qué pinta Presidencia del Gobierno dando indicaciones a una institución que teóricamente es independiente? La respuesta nos la dio Sánchez sin querer con aquella célebre pregunta que lanzó él a un periodista durante una entrevista. "¿De quién depende la fiscalía?". "Del Gobierno", contestó el entrevistador. "Pues eso...", finiquitó Sánchez en un ejercicio de descaro político pocas veces visto.

Pues eso quiere decir en este contexto que Presidencia del Gobierno ordenó al fiscal general que hiciera algo sobre el novio de Ayuso. Y Álvaro García Ortiz, que tiene asumido el pues eso, que depende del Gobierno, obedeció con suma facilidad.

Solo eso, una vez que ha trascendido, le obligaría a dimitir. Si además lo que hizo para obedecer fue presuntamente delictivo, la dimisión es imprescindible. Y si además, como sospecha el juez, trató de destruir pruebas borrando sus correos y sus mensajes de móvil, la dimisión es imprescindible y urgente, porque cada minuto que pasa es un clavo en el ataúd del prestigio de la Fiscalía General.

Pedro Sánchez es el único que podría destituirle si él no dimite. Pero, claro, cómo va a destituir a un servidor fiel que se limitó a cumplir órdenes. Lo que se vislumbra detrás de este caso es una operación de Estado contra una rival política como Isabel Díaz Ayuso. Es decir, estamos ante la utilización partidista y política de instituciones, que deberían ser independientes, para beneficio de un Gobierno y de un partido con el objetivo de derribar a un rival político, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La verdad es que encaja perfectamente en el modus operandi del presidente sin escrúpulos y del Gobierno sin límites en el que los fontaneros fabrican casos desde las cloacas y los ministros los airean. Da igual que sea una película de terror contra Ayuso, que un bulo contra un mando de la UCO, que una invención sobre una bomba lapa para asesinar al presidente del Gobierno. Todo vale. ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general?, decía Sánchez no hace tanto. ¡Qué jeta!