Dos por uno: Sánchez y su fiscal general procesado tienen que dimitir

Pedro Sánchez ha tocado fondo. El procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, marca un punto de inflexión que desautoriza al Gobierno y pone en jaque la credibilidad del presidente. Sánchez ha defendido a capa y espada a García Ortiz durante meses, proclamando que no había nada contra él y desafiando a sus críticos a disculparse. Ahora, con el fiscal general camino al banquillo, esas palabras resuenan como un eco de ridículo y soberbia. La realidad judicial, con indicios sobrados de criminalidad, ha desmontado su narrativa.

Un fiscal general procesado no puede permanecer en el cargo ni un minuto más. No se trata solo de la gravedad del delito, sino de una cuestión de higiene democrática y procesal. Es inadmisible que García Ortiz, encargado de velar por la imparcialidad de la justicia, sea acusado por un fiscal subordinado, evidenciando un conflicto de intereses insostenible. Sánchez, lejos de actuar como garante de las instituciones, ha jugado el papel de abogado defensor de su fiscal, priorizando la lealtad política sobre la decencia institucional.

El auto de procesamiento agrava aún más la situación al señalar a la Presidencia del Gobierno como origen de las órdenes para que García Ortiz contrarrestara las declaraciones del novio de Isabel Díaz Ayuso sobre un supuesto pacto con la Fiscalía en su caso de presunto fraude fiscal. Esta revelación no solo compromete al fiscal general, sino que apunta directamente al corazón de La Moncloa, exponiendo una estrategia de manipulación política que roza la corrupción.

Sánchez, que compró su investidura con los votos de un prófugo de la justicia, carece de autoridad moral para liderar. Su insistencia en mantenerse en el poder, blindado en un búnker de La Moncloa, es un insulto a la democracia. Tanto él como García Ortiz deben dimitir de inmediato. No hacerlo sería perpetuar un daño irreparable a las instituciones y a la confianza de los ciudadanos en un sistema que, hoy más que nunca, exige regeneración.