Editorial
La independencia judicial en juego: la presidenta del CGPJ debe reprender a Sánchez
La apertura del año judicial es un momento clave para que Isabel Perelló defienda la independencia de los jueces y la separación de Poderes
La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ
, Isabel Perelló, en una imagen de archivo
Este viernes, la apertura del año judicial pone el foco en una crisis institucional sin precedentes, avivada por los ataques del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los jueces que investigan a su entorno. La ceremonia, que reúne a las más altas instancias del poder judicial, será una oportunidad crucial para que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, marque un punto de inflexión. Es exigible que aproveche su discurso para reprender con firmeza a Sánchez por sus declaraciones, que socavan la independencia judicial y erosionan la confianza en el Estado de Derecho.
La actitud de Sánchez, lejos de apaciguar las tensiones, ha agravado la percepción de injerencia política en la justicia. Sus afirmaciones sobre la “inocencia” del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la falta de pruebas en su contra, no solo prejuzgan un proceso judicial en curso, sino que refuerzan la idea de que el Ejecutivo busca proteger a los suyos a cualquier precio. Esta postura es especialmente grave en un contexto donde García Ortiz, cuestionado por presuntas irregularidades, se aferra al cargo, sumiendo a la Fiscalía General en un descrédito profundo. Su negativa a dimitir genera una paradoja insostenible: un fiscal del Supremo, subordinado suyo, debe acusar a su superior, lo que compromete la limpieza del proceso y la credibilidad de la institución.
Perelló tiene la responsabilidad de defender la independencia judicial y exigir respeto al trabajo de los jueces, que actúan bajo presión política. También debería recriminar a García Ortiz su enroque, que daña la imagen de la Fiscalía y pone en cuestión su imparcialidad. Sánchez, por su parte, ha perdido la oportunidad de promover la dimisión del fiscal general o, al menos, de iniciar un proceso para su destitución, optando en cambio por respaldarlo sin matices. La presidenta del CGPJ debe alzar la voz para recordar que la justicia no puede estar al servicio de intereses políticos. La independencia de los jueces y la credibilidad de las instituciones están en juego.