Menos horas, más costes: el lado oculto de la reducción de jornada

El calendario parlamentario estipulaba la votación decisiva este 10 de septiembre en el Congreso de los Diputados marcada por un clima de tensión y desacuerdo político. La tramitación se enfrenta a fuertes obstáculos políticos; formaciones como PP, Vox y Junts han presentado enmiendas a la totalidad que amenazan con devolver el texto al Ejecutivo. Junts mantiene firme su rechazo, sin dar señales de retroceder, a pesar de que el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha intentado acercar posturas ofreciendo incentivos económicos.

El Gobierno selló en diciembre un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para sacar adelante la reducción de la jornada laboral pero esta iniciativa ha encendido las alarmas en el sector empresarial por sus posibles efectos económicos. La patronal Asedas que agrupa a gigantes del gran consumo como Mercadona o Día calcula que la reducción de la jornada podría suponer un coste de hasta 630 millones de euros. Para las pymes, que representan el 98 % del tejido empresarial español, el impacto podría ser todavía más severo, como mayores gastos salariales, necesidad de contratar más personal para cubrir las horas perdidas y riesgo de tener que repercutir esos costes en precios más altos para el consumidor final. Sobre el papel, la propuesta parece idílica para el trabajador: menos horas de trabajo, mismo sueldo y más tiempo libre. Sin embargo, la realidad podría ser bien distinta.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) advierta que la medida alcanzaría a tres de cada cuatro empleados sujetos a convenios colectivos, mientras que numerosas pymes, con recursos limitados, tendrían serias dificultades para adaptarse sin recurrir a recortes de personal o incrementos en los precios.

Incluso la nueva normativa exigirá que las empresas registren digitalmente la jornada de sus trabajadores, lo que obligará a muchas a invertir en software, sistemas de control y herramientas de gestión. Esto supone un coste añadido y una carga administrativa considerable, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que ya funcionan con márgenes muy ajustados.

Las previsiones apuntan a que la reducción de la jornada recortará la capacidad productiva en torno a un 6,3 %. Y en un escenario ya asfixiado por más impuestos, cotizaciones sociales al alza, inflación y una normativa cada vez más exigente, este nuevo mazazo podría empujar a miles de pymes al límite de su rentabilidad.

Para que las empresas pudieran sobrevivir, realmente solo les quedarían dos caminos posibles. Subir precios, trasladando el coste de la pérdida de producción y de las nuevas obligaciones tecnológicas al consumidor final y reducir la plantilla o ajustar costes internos, lo que inevitablemente afectará a la calidad de los servicios y productos.

En términos prácticos, aunque la medida otorgue a los trabajadores 2,5 horas adicionales de tiempo libre por semana, es previsible que el encarecimiento de bienes y servicios —desde la alimentación hasta los suministros básicos— erosione su poder adquisitivo. En consecuencia, se reducirán las horas de trabajo, pero también la capacidad real de consumo, obligando a numerosos hogares a replantear sus gastos para mantener el equilibrio financiero.

En España, el 98 % del entramado empresarial está compuesto por pequeñas y medianas empresas. Una parte considerable de ellas carece de los recursos necesarios para asumir el incremento de costes que implicaría la reducción de la jornada, lo que podría derivar en cierres o recortes de personal. En el caso de los autónomos, el escenario es aún más complejo: muchos terminarían asumiendo la carga laboral adicional, extendiendo sus jornadas a límites insostenibles, una realidad que ya se da en sectores donde se trabaja prácticamente de forma ininterrumpida. Esto no solo compromete su salud y bienestar, sino que pone en riesgo la continuidad de negocios fundamentales para la economía local, desde pequeños comercios hasta servicios esenciales.

Esto desde luego se convierte en medidas insuficientes y una falta de visión, puesto que una transformación de esta magnitud debería ir acompañada de reformas estructurales sólidas, como la Reducción permanente de las cotizaciones sociales, para compensar el incremento de costes laborales, un alivio fiscal sostenido, que permita a las empresas adaptarse sin ahogar su rentabilidad y planes reales de productividad, que mejoren la competitividad y eviten que la reducción de horas afecte a la producción global.

El planteamiento actual del Gobierno es, una vez más, insuficiente y ambiguo. Las pocas ayudas que se han anunciado son transitorias o están mal definidas, dejando a las empresas con incertidumbre y un peso financiero que no pueden soportar.

La cuestión es que no es la primera vez que se advierte de este riesgo. Tanto el Banco de España como organismos internacionales como la OCDE han alertado en repetidas ocasiones de las consecuencias de aumentar los costes laborales sin medidas compensatorias. En un contexto de desaceleración económica y alta inflación, estas decisiones pueden convertirse en un freno a la inversión y a la creación de empleo.

El resultado es claro: se penaliza a quienes generan riqueza y empleo, mientras se ignoran las limitaciones reales de las pymes. En lugar de fomentar la competitividad y el crecimiento, se alimenta un escenario de precios más altos, menor consumo y empresas al borde del colapso.

La reducción de la jornada a 37,5 horas se vende como un gran logro social, pero sin un plan serio de apoyo a las empresas, puede terminar siendo exactamente lo contrario: un golpe devastador para el tejido productivo español.

Lo que parece un beneficio para el trabajador menos horas y mismo salario podría traducirse en más paro, servicios más caros y un mercado cada vez más frágil. En definitiva, un dardo envenenado que, tarde o temprano, terminará afectándonos a todos.