Las pulseras antimaltrato de Sánchez tienen ya dos víctimas: una mujer muerta y la verdad

El feminismo del Gobierno de Pedro Sánchez, ese que presume de pancarta y subvención, ha encontrado su primera víctima mortal: una mujer de 30 años apuñalada en diciembre de 2024 en Mallorca por su expareja, un maltratador con orden de alejamiento y pulsera telemática que, casualmente, no activó la alerta en el momento del crimen. La segunda víctima es la verdad, pisoteada por un Ejecutivo que, ante el escándalo, opta por la negación sistemática y la mentira. Si esto no merece dimisiones, ¿qué lo merece? Los hechos son demoledores, pese a los esfuerzos oficiales por diluirlos. 

La Memoria Anual 2024 de la Fiscalía General del Estado revela un "apagón" en el sistema Cometa, gestor de las pulseras antimaltrato, durante al menos ocho meses de ese año. Un fallo en la migración de datos de Telefónica a Vodafone-Securitas impidió acceder a localizaciones de agresores previas a marzo de 2024, generando "una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios" en procesos por quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Esto no fue un "problema puntual", como ahora lo califica la Fiscalía para calmar ánimos, sino una desprotección potencial que dejó a decenas de mujeres expuestas, con agresores absueltos por falta de pruebas técnicas. 

Jueces y fiscales lo confirman: los nuevos dispositivos, adquiridos en 2023 bajo Irene Montero y criticados por su baja calidad —incluso comprados en plataformas como AliExpress, según la denuncia de una vocal del CGPJ—, fallan recurrentemente, con incidencias en geolocalización y alertas que persisten en 2025. En el caso de Mallorca, el agresor, detenido semanas antes por malos tratos, llevaba pulsera impuesta tras su excarcelación. La víctima, con orden activa, subió voluntariamente al coche del asesino —posiblemente por coacción psicológica—, pero el sistema falló estrepitosamente: ni alerta ni intervención policial a tiempo. 

Fuentes del Ministerio de Igualdad culpan a la mujer por "desactivar" su dispositivo, una excusa que ignora la dinámica del maltrato y coincide con el período negro del sistema. De las 46 mujeres asesinadas en 2024 por parejas o exparejas, ocho tenían órdenes de alejamiento; cinco, activas, como esta. Ante esta tragedia evitable, el Gobierno miente con descaro. Ana Redondo, ministra de Igualdad, insiste: "No hay fallo en las pulseras, han funcionado en todo momento, siguen funcionando y funcionarán", atribuyendo todo a un "problema técnico" en el trasvase de datos que afectó solo al "1% de casos puntuales". 

Óscar López, portavoz socialista, rechaza la "alarma" y clama por "tranquilidad", como si las absoluciones de maltratadores fueran un mero contratiempo administrativo. Félix Bolaños, ministro de Justicia, es rotundo: "En ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, siguieron enviando los mensajes a las mujeres". Pero los informes internos desmienten esta fábula: el CGPJ alertó hace 20 meses de riesgos en el cambio, y técnicos denuncian fallos críticos ignorados por Igualdad. Si han mentido —y todo indica que sí, con evidencias judiciales y técnicas en contra—, López, Redondo y Bolaños deben dimitir. Han puesto en jaque la vida de miles de mujeres, priorizando la imagen de un feminismo de postureo sobre la protección real. El PP exige reprobación y eleva el caso a Bruselas por posible vulneración de directivas europeas. España merece un Gobierno que no mienta a las víctimas. La verdad, al menos, no ha muerto del todo: clama justicia.