El Senado acorrala a Sánchez por incumplir la Constitución: Conde-Pumpido le salvará una vez más

Pedro Sánchez incumple la Constitución, se salta la ley suprema a la torera porque le da la gana y porque políticamente no le interesa cumplirla. Hablamos, claro está, de los presupuestos generales del Estado. El artículo 134 de la Constitución es meridianamente claro al respecto y no admite interpretación. Obliga al Gobierno a presentar el proyecto de ley de presupuestos en el Congreso tres meses antes de que acabe el año. Lleva dos años incumpliéndolo... y no pasa nada. El Senado quiere que pase algo y va a aprobar esta semana en el Pleno una iniciativa para que la Cámara Alta lleve al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por este flagrante, palmario y evidente incumplimiento de la ley de leyes, esa que Sánchez prometió cumplir y hacer cumplir, pero que retuerce y usa a su conveniencia, como todo.

A Sánchez esto no le pone muy nervioso. En el TC tiene a Cándido Conde-Pumpido que, por supuesto, no permitirá que se mancille el nombre del presidente del Gobierno y evitará que la reclamación del Senado tenga éxito.

Sin embargo, socialmente sí puede tener eco. Los ciudadanos asistimos atónitos al espectáculo. El presidente del Gobierno incumple la ley de manera pública y notoria y no pasa nada, no tiene consecuencias para él ni para su Gobierno. Nada de nada. Es más, nos chulean y nos dicen que la Constitución es interpretable y que están muy contentos con los presupuestos que tenemos, aunque vayan encaminados a una tercera prórroga, aunque los aprobara otro Consejo de Ministros, otro Congreso y otro Senado. Les da igual incumplir la ley y casi se jactan de ello.

El mensaje es nefasto. El ciudadano de a pie sabe que si él se salta una norma le cae encima el peso de la justicia. Sin piedad. En cambio, para el presidente del Gobierno no tiene consecuencias. Así que tendremos que preguntarnos por qué tenemos nosotros que cumplir las leyes y nuestros gobernantes no. Y quizás alguien llegue a la peligrosa conclusión de que no merece la pena cumplirlas. Lo que está claro es que tenemos un Gobierno sin ninguna autoridad moral para exigirnos a los ciudadanos que cumplamos con nuestras obligaciones.